El abordaje del autismo ha protagonizado este martes una de las comisiones del Congreso de los Diputados. El director general de Autismo España, Jesús García Lorente, y la directora técnica de la Confederación, Ruth Vidriales, han comparecido a petición propia en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad de la cámara Baja.
Desde la entidad se ha querido recordar que una de cada cien personas en nuestro país es autista, aunque no todas las personas se encuentran identificadas. Además, el organismo ha recalcado algunas de las líneas prioritarias de actuación: detección y diagnóstico, atención temprana y educación especializada, salud física y mental, vida adulta (acceso al empleo y a la vida independiente), niñas y mujeres.
Más concretamente, en materia de diagnóstico precoz y atención temprana, remarcan la necesidad de implementar protocolos que permitan detectar el autismo ante las primeras señales de alerta, y que tengan además en cuenta las particularidades de las niñas autistas; así como un marco normativo único sobre atención temprana a nivel estatal, que elimine las asimetrías actuales, y la formación especializada de profesionales.
"Es necesario que se desarrollen recursos educativos flexibles centrados en las necesidades de cada alumno"
Por lo que respecta al ámbito educativo, "es necesario que se desarrollen recursos educativos flexibles centrados en las necesidades de cada alumno/a, así como la formación específica sobre autismo a los equipos profesionales educativos y la creación de un plan nacional sobre acoso escolar y ciberacoso, que permita acceder a una educación de calidad en entornos seguros", comentan.
Para mejorar el acceso al empleo de las personas con autismo, se pide promover el empleo con apoyo, así como de reservar un 1% del cupo de discapacidad en las convocatorias de empleo público para personas con autismo sin discapacidad intelectual asociada. Además, en relación con la vida adulta, "es preciso desarrollar la asistencia personal para que ofrezca apoyos específicos para necesidades cognitivas y psicosociales, así como servicios y recursos que tengan en cuenta las necesidades específicas de las personas con autismo".
En relación con las niñas y mujeres autistas, "resulta imprescindible que las políticas públicas y normativas sobre igualdad y lucha contra la violencia de género contemplen de manera transversal su especial situación de vulnerabilidad". La salud y el bienestar emocional también son aspectos fundamentales para garantizar una buena calidad de vida, por lo que se debe prestar especial atención a la prevención del suicidio.
La salud y el bienestar emocional también son aspectos fundamentales para garantizar una buena calidad de vida
"Muchas de estas demandas aparecen recogidas en la Estrategia Española en TEA, aprobada en 2015 y cuyo Plan de Acción fue por fin aprobado en julio de 2023, tras 8 años de retraso. Por ello, desde Autismo España insistimos una vez más en la necesidad de la implementación real y efectiva de dicho Plan, que permita ejecutar el presupuesto aprobado y materializar así las acciones señaladas, para que tengan un impacto en la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias en nuestro país".
Además, Autismo España ha reivindicado el derecho de las familias a la conciliación y al cuidado de sus hijos e hijas con autismo, a través de prestaciones y apoyos como la CUME. Se trata del subsidio que compensa la pérdida de ingresos que sufren los trabajadores progenitores, adoptantes o acogedores, que reducen su jornada de trabajo (al menos en un 50 % de su duración) y su salario para cuidar de manera directa, continua y permanente del menor a su cargo, por padecer cáncer o enfermedad grave que requiera ingreso hospitalario de larga duración o que precisen continuar con el tratamiento médico en el domicilio tras el diagnóstico y la hospitalización.
El reconocimiento específico del autismo en el Real Decreto que regula este subsidio eliminaría barreras de acceso a la prestación a aquellas personas que cumplen los requisitos exigidos para solicitarla, sin tener que hacerlo a través de una categoría diagnóstica imprecisa, facilitando la aplicación de la normativa y eliminando situaciones de irregularidad y reclamaciones, concluyen.