Hace casi un mes, concretamente el pasado 1 de mayo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dio un paso muy importante de cara a compensar a la comunidad científica que ejercía antes del año 2011, cuando los periodos de investigación no cotizaban a la Seguridad Social ni se consideraban relación laboral: publicó una Orden Ministerial en la que ofrecía a cada persona afectada la posibilidad de recuperar cinco años de ese trabajo como investigador. Sin embargo, recuerdan varias asociaciones, todavía queda mucho camino por delante.
Ya lograron en su momento, después de contestar duramente a esta orden, que el Ministerio rectificase algunas de las medidas propuestas. Por ejemplo, la rectificación de la base de cotización a la mínima del año a recuperar o la inclusión de becas de investigación que no son predoctorales, así como la posibilidad de fraccionar el pago hasta en 7 años y permitir un plazo de 4 años para suscribir el convenio. Cambios que, insisten desde estas asociaciones que representan a doce colectivos científicos, son insuficientes.
"Es momento de escuchar a los científicos y que atiendan a las reivindicaciones de todo el colectivo"
ASEICA (Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer), ANIH (Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios), RSEF (Real Sociedad Española de Física)… son solo algunas de estas sociedades científicas que denuncian que ese periodo de recuperación de 5 años de trabajo a efectos de la Seguridad Social debería ser más alto, y que el empleador debería asumir también los costes del empleado (actualmente es al revés, y, además, la base de cotización fijada por el Ministerio es la del 2024).
“Han pasado muchos años y se han realizado muchas sugerencias. Es momento de escuchar a los científicos y que atiendan a las reivindicaciones de todo el colectivo. Esperamos que el Ministerio continúe el diálogo con las asociaciones para concretar los detalles de la rectificación de la Orden, así como para buscar una solución completa al problema”, apuntan las asociaciones, que recuerdan que las protestas ya se iniciaron antes del 2011: “Continuamos en junio y en diciembre de 2023, y ahora en el año 2024”.
SOLUCIONES BIEN ESTRUCTURADAS
Así, al no resolverse el límite de 5 años, piden buscar otra solución legislativa específica que no considere el trabajo como “prácticas académicas”. De hecho, informan, algunas sociedades ya han hecho propuestas legislativas para reconocer los derechos laborales de estos periodos, incluyendo la cotización a la Seguridad Social por un mecanismo que no es el del convenio especial.
"Esperamos que el Ministerio continúe el diálogo con las asociaciones para concretar los detalles de la rectificación de la Orden"
Las entidades mantienen la propuesta de una bonificación sobre la cuota para conseguir un convenio realmente justo, y, “ante las declaraciones de la ministra de Inclusión diciendo que buscaba una solución ‘reparadora’ para el colectivo”, piden que tanto el Ministerio de Inclusión como el Gobierno en su conjunto exploren esta vía para encontrar esa posibilidad de reparación.
“Las entidades firmantes seguimos a disposición del Ministerio y de los integrantes de la Mesa de Diálogo (sindicatos y patronal), para conseguir unas mejores condiciones para un colectivo científico cuyo objetivo es mejorar la I+D+I en beneficio del conocimiento y el impacto social”, manifiestan todas ellas en un comunicado difundido por la citada Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer.