Como cada año, las estadísticas de agresiones a profesionales sanitarios que publican las comunidades autónomas están sembrando multitud de reacciones y muestras de apoyo a estos trabajadores por parte de otros compañeros y de la sociedad en general. Y es que se trata de un problema que, ya sea en forma de agresión física o, sobre todo, verbal, se produce prácticamente a diario, y ante el que las asociaciones denuncian que las medidas existentes están lejos de acabar con él. A nivel estatal no existe ninguna norma concreta que los defienda, y a nivel autonómico son solo tres comunidades las que cuentan con ella.
Se trata, en concreto, de Castilla y León, Navarra y, desde el pasado mes de noviembre, Castilla-La Mancha. Una nueva medida con la que, destacaba hace apenas unos días Alberto Jara, director general del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha), amplían el radio de protección de sus profesionales sanitarios y dotan de un “procedimiento más ágil” que la vía judicial. Allí, el año pasado se registraron un total de 646 agresiones, la inmensa mayoría de ellas, como suele ser habitual, producidas en las consultas de Atención Primaria y sufridas por mujeres. Además, el 93% fueron agresiones verbales.
"Cualquier tipo de agresión puede ser denunciada y sancionada tanto a través de la vía penal habitual como de la administrativa específica de Castilla-La Mancha"
Castilla-La Mancha espera así poder reducir estas cifras con su nuevo procedimiento sancionador, que divide las infracciones en leves, graves y muy graves. Las leves son la “destrucción o deterioro” de bienes instalaciones y servicios sanitarios, a razón de multas de, como mínimo, 600 euros, que han de ser interpuestas por los delegados provinciales de Sanidad. En el caso de las graves, cuya sanción mínima son 3.000 euros, las infracciones son “faltas de respeto, amenazas e insultos”, y los encargados de ponerlas son los directores generales de la Consejería de Sanidad.
Por último, las muy graves tienen que ver con agresiones físicas, y de nuevo están divididas en dos grupos: las que van desde los 15.000 euros de multa, cuyo encargado del procedimiento es el titular de la Consejería de Sanidad; y las que superan los 120.000, donde ya entra directamente el Consejo de Gobierno. De esta manera, cualquier tipo de agresión puede ser denunciada y sancionada tanto a través de la vía penal habitual como de la administrativa específica para los profesionales sanitarios que tiene Castilla-La Mancha.
CASTILLA Y LEÓN, 228 SANCIONES POR SU VÍA ADMINISTRATIVA
Esta reducción de las agresiones a sanitarios ya la ha conseguido, desde hace varios años, Castilla y León. O al menos así lo indica su Junta, que destaca cómo, comparando las tasas de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl) de agresiones por cada 1.000 habitantes entre 2020 y 2023 con las del ámbito nacional, las suyas son siempre inferiores a las del Sistema Nacional de Salud. Allí, a 30 de septiembre del año pasado, los profesionales del Sacyl habían presentado 22 denuncias por la vía penal, 12 de ellas producidas en Atención Primaria.
En esta comunidad autónoma, informan fuentes de su Junta a ConSalud.es, el régimen sancionador en el ámbito sanitario está regulado en la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de ordenación del sistema de salud de Castilla y León. Y, al igual que en Castilla-La Mancha, divide las infracciones en tres grupos: Infracciones leves, de 300 a 3.000 euros, definidas como la “falta de respeto al personal de los centros dependientes del Servicio de Salud de Castilla y León”; infracciones graves, de 3.001 a 60.000 euros, que son la “coacción, amenaza o represalia dirigida a los profesionales de las instituciones sanitarias y centros dependientes del Servicio de Salud de Castilla y León en el ejercicio de sus funciones”.
"Es particularmente útil para resolver ciertas situaciones que, posiblemente, no tengan recorrido en la vía penal"
Y, por último, las infracciones muy graves, agresiones, que van de 60.001 a 600.000 euros. Dicho procedimiento sancionador específico de esta comunidad autónoma tuvo su origen en el año 2008, fruto de un Pacto entre la Consejería de Sanidad y las organizaciones sindicales CEMSATSE, UGT, SAE-USCAL, CSI-CSIF y CCOO sobre las actuaciones a desarrollar para elaborar el ‘Plan integral frente a las agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León’. “Con carácter general, la Administración Regional propondrá la manera de establecer normativamente actuaciones dirigidas a sancionar a los usuarios o familiares que cometan una agresión”, cita este Plan, que precedió a la citada Ley donde aparecen recogidas las multas.
Desde su puesta en marcha en el año 2010, informa la Junta de Castilla y León, se han resuelto un total de 228 expedientes sancionadores. “En este tema tan complicado de las agresiones al personal de centros sanitarios, toda herramienta con la que se pueda contar es bienvenida. Es particularmente útil para resolver ciertas situaciones que, posiblemente, no tengan recorrido en la vía penal, pero por esta vía administrativa sí que se pueda resolver con una sanción para el agresor”, destacan desde su Consejería de Sanidad.
NAVARRA, MULTAS QUE PUEDEN ALCANZAR LOS 600.000 EUROS
Por último, en Navarra -aunque otras comunidades, como Murcia, ya están trabajando en implementar esta vía-, las sanciones están reflejadas en su Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra. Como en Castilla-La Mancha y Castilla y León, las infracciones de dividen en leves, graves o muy graves, pero con tres grados dentro de cada una de ellas: mínimo, medio y máximo. Además, al tratarse esta de una Ley que incluye también a los propios profesionales, y no solo a los pacientes, cada tipo de infracción, reflejada en el artículo 80, tiene muchos supuestos.
Las multas en Navarra son las siguientes:
A. Por infracciones leves:
a) En grado mínimo: multa de hasta 600 euros.
b) En grado medio: multa de 601 euros hasta 1.800 euros.
c) En grado máximo: multa de 1.801 euros hasta 3.000 euros.
B. Por infracciones graves:
a) En grado mínimo: multa de 3.001 euros hasta 6.000 euros
b) En grado medio: multa de 6.001 euros hasta 10.500 euros.
c) En grado máximo: multa de 10.501 euros hasta 15.000 euros.
C. Por infracciones muy graves:
a) En grado mínimo: multa de 15.001 euros hasta 120.000 euros.
b) En grado medio: multa de 120.001 euros hasta 350.000 euros.
c) En grado máximo: multa de 350.001 euros hasta 600.000 euros.