La Asociación Enfermería Comunitaria (AEC), junto a cinco sociedades científicas firmantes, ha manifestado su "perplejidad y desacuerdo más absoluto" ante las últimas sentencias dictadas en diferentes juzgados españoles en las que se anulan los nombramientos de enfermeras como responsables de centros sanitarios.
"Esta anómala, incoherente, desestabilizadora, irracional... situación viene determinada en todos los casos por las denuncias presentadas por el Sindicato Médico en las Comunidades Autónomas en las que se han dictado. Denuncias que paradójicamente contravienen los apoyos que en todos los casos han recibido las ahora enfermeras afectadas para dirigir los equipos multidisciplinares", indica el comunicado.
A su juicio, estas sentencias vienen a demostrar, según apuntan, "la estrategia excluyente de acoso y derribo permanente liderada por el Sindicato Médico, que no tiene otra justificación que la de obstaculizar cualquier decisión que comporte perder la exclusividad de la gestión".
“Las sentencias demuestran la estrategia excluyente de acoso y derribo permanente liderada por el Sindicato Médico”
Así, consideran que "no se trata de un cuestionamiento de las competencias, capacidad o mérito de las enfermeras designadas y apoyadas por los equipos al entender que son las más idóneas para su desempeño y liderazgo", sino tan solo por una cuestión de "corporativismo" que, señalan, "va en contra de los más elementales criterios de idoneidad, eficacia y eficiencia desde los que, no tan solo dirigir a equipos de salud, sino también por el impacto que la buena gestión tiene en la población a la que se atiende desde los equipos".
Por otra parte, el comunicado apunta que "tienen un efecto de hipotética defensa laboral residual o nulo, cabe destacar la parálisis e inacción política de quienes tienen la competencia y con ella la posibilidad de derogar las normas preconstitucionales que sirven de argumento para dictar las sentencias".
"No se trata por tanto de criterios interpretativos de los jueces sino de impedimentos legales que se mantienen de manera incomprensible y que van en contra de la lógica, la razón, la ciencia y la conciencia", argumentan junto a la Asociación Española de Enfermería Pediátrica, la Asociación Española de Enfermería Salud Mental, Asociación Nacional de Directivos de Enfermería; Federación de Asociaciones Matronas de España y Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontología.
La AEC califica de "preocupante, innecesaria e interesada" la negativa a reconocer el nivel A1 a las enfermeras
A esta situación, añade otra que califica de "preocupante, innecesaria e interesada", como es la negativa a reconocer el nivel A1 a las enfermeras. "Negativa que responde al absurdo, por irracional y acientífico, inmoral, por lo que supone de ataque a la dignidad profesional enfermera, inequitativo, por lo que representa de establecimiento de una jerarquía que no por mantenida resulta menos perversa, e hipócrita y mentirosa por los argumentos que se utilizan y que suponen un ataque a la inteligencia", explican.
Ante esta reivindicación quieren dejar claro que el posicionamiento de las sociedades científicas no obedece en ningún caso a una reivindicación laboral sino a una petición "razonada, científica y necesaria" para lograr restablecer una situación "tan injusta como incomprensible" que, además, se utiliza precisamente como argumento para que las enfermeras no puedan acceder a los puestos de gestión que "tanto por competencias, como por titulación, de idéntico valor académico que la del resto de disciplinas, incluida la de quienes se aferran al poder a toda costa, nos corresponde y nos habilita".
“La salud no depende de ninguna titulación exclusiva”
Ante todo ello, las sociedades científicas enfermeras, instan a los poderes públicos competentes a que "de una vez por todas procedan a regularizar una situación tan anómala como perversa e injustificable, que tiene un nocivo, tóxico, demoledor y evidente impacto en la necesaria eficacia de gestión de los equipos afectados y en la salud de las personas, las familias y la comunidad".
El comunicado concluye alegando que: “La salud no depende de ninguna titulación exclusiva y excluyente y debe estar amparada y defendida en base a criterios de capacidad y mérito que deben ser prioritarios a la hora de tomar decisiones”.