El último estudio del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones en las prisiones españolas refleja que, actualmente, en torno al 76% de las personas privadas de libertad en nuestro país son consumidoras de drogas. Unos datos que van en la línea de los que señala la propia Administración Penitenciaria, que apunta que el76,7% de los encarcelados consumen drogas. Se trata, por tanto, de una preocupante realidad que perjudica sobremanera la salud de la población reclusa y obliga a la sanidad penitenciaria a tener que ofrecer una respuesta asistencial.
Sin embargo, los recursos disponibles para contrarrestar estas adicciones en las cárceles y ofrecer los cuidados necesarios son más que escasos. La asistencia sanitaria en las prisiones -igual que ocurre tras sus muros- se enfrenta a una falta estructural de plantillas. Igualmente, el hecho de que las competencias en este campo todavía no hayan sido adquiridas por las propias CC.AA. -a excepción de Cataluña, Navarra y País Vasco-, como estipula la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud desde 2003, ahonda en dificultar una respuesta más ágil a las incidencias de salud que padecen los presos.
“En algunos casos son unidades terapéuticas y educativas, con una consideración legal dentro de la prisión un poco especial; en otros centros, lo que existe son módulos terapéuticos”
A pesar de todo, el esfuerzo de los profesionales sanitarios, las instituciones públicas y la colaboración de ONGs que asisten a los reclusos tratan de dar soporte a los afectados por la drogodependencia. Unas adicciones que suelen proceder de la vida en libertad y que por las circunstancias del encarcelamiento tienden a acentuarse. No en vano, el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), Dr. Joaquín Antón Basanta, remarca a ConSalud.es que “alrededor de la mitad de las personas que consumen en prisión ya habían tenido un problema de drogas antes de entrar”.
En relación con la respuesta asistencial que se encuentran en los centros penitenciarios españoles, la premisa –apunta- es que “el interno sea quien solicite ayuda y verdaderamente desee ser tratado”. Desde este punto de partida, las prisiones cuentan con “módulos de tratamiento específico en drogas”, que pueden presentar diferentes modalidades. “En algunos casos son unidades terapéuticas y educativas, con una consideración legal dentro de la prisión un poco especial; en otros centros, lo que existe son módulos terapéuticos”, aclara Basanta.
Además de lo dispuesto por los responsables carcelarios para abordar el consumo de drogas entre los reclusos, generalmente, en todas las prisiones “están presentes ONGs que trabajan con drogodependencias”
Además de lo dispuesto por los responsables carcelarios para abordar el consumo de drogas entre los reclusos, generalmente, en todas las prisiones “están presentes ONGs que trabajan con drogodependencias”. Entre las más importantes se encuentra Proyecto Hombre, “que está en prácticamente todas las prisiones, pero también hay muchas otras organizaciones locales dedicadas a este ámbito a las que se les deja trabajar dentro de los centros”. El trabajo de todas ellas, que ejercen también cuando los drogodependientes están en libertad, resulta esencial en el propósito.
TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
Una parte importante de la estrategia pasa por ofrecer “programas de reducción de riesgos”, destinados a limitar las consecuencias negativas que conlleva el consumo de sustancias estupefacientes. En su origen estas iniciativas se crearon “para evitar que las personas tuvieran que delinquir para lograr sus dosis, algo que suele llevarlas a prisión”. En este marco se engloban los programas de “sustitución opiácea, como la metadona o la buprenorfina, que pueden tomarse de manera sublingual o a través de pinchazos, retrasando desde una semana a un mes la siguiente dosis”, explica el responsable de SESP.
“Existen algunas prisiones -especialmente en el norte- donde todavía existe mucha drogadicción por vía intravenosa y en las que están implantados programas de intercambio de jeringuillas”
De la misma manera, estos tratamientos sustitutivos evitan el riesgo de enfermedades infecciosas asociadas al hecho de compartir jeringuillas u otros elementos empleados para el consumo. “Existen algunas prisiones -especialmente en el norte- donde todavía existe mucha drogadicción por vía intravenosa y en las que están implantados programas de intercambio de jeringuillas”, apunta el doctor, lo que permite que cualquier preso pueda solicitar este material con plena garantía de salubridad y no tenga que compartirlo con ningún otro compañero de condena.
Con todo ello, el Ministerio de Interior –gestor de la sanidad penitenciaria en la mayoría de regiones-, los organismos autonómicos y las propias asociaciones sin ánimo de lucro son quienes en la actualidad soportan la ardua labor de combatir la drogadicción en las cárceles. “La droga es un problema muy importante dentro de nuestras prisiones; por muchos controles que se pongan, las cárceles son permeables a la entrada de estas sustancias”, lamenta Basanta, quien pide “más plantillas de sanitarios” en los centros para poder hacer una mejor labor preventiva.
“Soy un pleno convencido de que la prisión debería ser no sólo un espacio punitivo, sino una oportunidad de mejorar de manera individual para cada uno de los que entran"
De la misma manera, paliar la adicción a la droga suele estar relacionada con la necesidad de acompañar a estas personas de una asistencia emocional y en salud mental. Muchos presos ven en la droga la vía para evadirse del cautiverio, esquivar la realidad que viven y llevar su mente más allá de los muros que les oprimen. Así, lejos de servir como un punto de partida para reconducir sus vidas, acrecienta su dependencia a las sustancias nocivas y redunda en el deterioro físico y mental que padecen. En este contexto, difícilmente podrán salir nuevamente a la calle sin persistir en sus conductas adictivas.
En definitiva, la drogadicción en la población reclusa les supone una doble condena. “Soy un pleno convencido de que la prisión debería ser no sólo un espacio punitivo, sino una oportunidad de mejorar de manera individual para cada uno de los que entran. Hay que poner todos los medios para reintegrarlos a la normalidad. No sólo mejorará sus vidas, además, supondrá una oportunidad de cambiar en positivo la realidad de sus familias y de la comunidad donde viven: si yo consigo que alguien deje la droga -o al menos sepa controlarla- evitaré también la comisión de delitos”, concluye el presidente de SESP.