La atención sanitaria en las prisiones españolas se realiza a través de la Sanidad Penitenciaria, un sistema sanitario mixto cuya gestión depende del Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias (II.PP) (los organismos competentes) y la colaboración puntual de los servicios de salud de las comunidades autónomas.
En España, desde hace años los sindicatos han criticado la situación que atraviesa la asistencia sanitaria en prisiones. Sin embargo, esta cuestión se debe al problema eterno de la transferencia de las competencias a las CC.AA. De hecho, las autonomías son las que tienen competencias en Sanidad, de ahí, que incluso desde Instituciones Penitenciarias quieran que se ejecute cuanto antes.
Se trata de dar cumplimiento a la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que dispone que “los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”.
La Sanidad Penitenciaria sigue pendiente del traspaso de competencias desde la Administración central a las comunidades autónomas
Hasta la fecha solo Cataluña y País Vasco tienen las competencias transferidas, penitenciarias en el primer caso y solo sanitarias en el segundo.
Según informaron desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, desde julio de 2018 se han mantenido contactos y reuniones con las comunidades autónomas de Navarra, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, la Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía y Canarias. Fuentes de II.PP han informado a este diario de que solo hubo ciertos avances "considerables" con la Comunidad Foral de Navarra y las Islas Baleares, aunque a la espera de que la pandemia permita poner cosas en claro.
¿FALTA PERSONAL SANITARIO?
Una reciente respuesta del Ejecutivo a la pregunta parlamentaria presentada por el diputado Jon Iñarritu García de EH Bildu este pasado verano recoge el desglose de médicos, personal de Enfermería y psicólogos por cada centro penitenciario español
Así, según los datos oficiales facilitados, se puede extraer que en este momento la Sanidad Penitenciaria española tiene 450 plazas de médicos, 575 para enfermeros y 346 para psicólogos. Cifras que difieren del número actual de plazas ocupadas por sanitarios de Prisiones, debido a las distintas bajas o jubilaciones que existen en la actualidad y la escasa reposición.
[ Acceda aquí al desglose íntegro]
Tal y como recoge la respuesta del Gobierno, a fecha 31 de julio de 2020, se contaba con 1.371 efectivos sanitarios, a los que se sumarán 42 plazas para médicos, que se están tramitando atendiendo al procedimiento establecido en la legislación para el ingreso de los empleados públicos, como personal interino.
Aunque falta conocer con detalle el número de técnicos en Cuidados de Enfermería (antiguas Auxiliares de Enfermería) o farmacéuticos de cada centro. Otras incógnitas son si todos los facultivos son especialistas en Medicina Familiar Comunitaria, Medicina Interna o Psiquiatría, pues en la gran mayoría de los casos se trata de médicos interinos, sin especialidad.
Son cifras que están en constante actualización por parte de II.PP debido a bajas, excedencias o nuevas contrataciones.
INCREMENTO DEL 70% DE LA PLANTILLA DE FACULTATIVOS
El Gobierno mantiene su compromiso por cubrir las plazas vacantes de personal sanitario en los centros penitenciarios. Así, lo ha informado en esta respuesta del Ejecutivo.
En este sentido, se ha convocado una nueva Oferta de Empleo Público (OPE), con 40 nuevas plazas para el Cuerpo Facultativo (médicos) y 51 de Enfermería. Las cinco plazas de personal laboral fuera de convenio serán para farmacéuticos. Así lo recogía también el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado viernes.
Además, el Gobierno mantiene la previsión de incrementar en más del 70% la plantilla del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, teniendo presente la disponibilidad presupuestaria. Este incremento de efectivos se abordará, también, con el estudio de su transferencia a las Comunidades Autónomas.