El uso obligatorio de las mascarillas en centros de salud y hospitales ha despertado algunas suspicacias entre los consejeros sanitarios autonómicos. Si bien la mayoría está de acuerdo con el uso de la mascarilla, e incluso seis comunidades ya lo habían impuesto antes incluso de esta decisión del ministerio, muchos de los consejeros critican la forma de proceder de Sanidad.
De hecho, algunas comunidades autónomas han pensado en recurrir esta norma, pues dudan incluso de su contenido legal. Pese a ello, todas han anunciado que acatarán este uso obligatorio, criticando al mismo tiempo la decisión de Mónica García, que algunos han tildado de "unilateral".
Una de las comunidades que ya ha anunciado que estudiará si la norma ha "incumplido la legalidad" es Extremadura. Concretamente, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha expresado que "acatamos la decisión por imperativo legal, pero los servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de recurrirla, porque no se ha escuchado a técnicos, no se ha seguido el procedimiento habitual en la toma de decisiones en el CISNS, y se ha tratado con una imposición lo que no se ha conseguido con unanimidad el lunes".
Algunas comunidades autónomas han pensado en recurrir esta norma
Espada también se ha sumado a las críticas hacia Mónica García, pues, según sus palabras, en un "corto periodo", ha desestimado el "esfuerzo conjunto, durante años", del propio departamento y las comunidades autónomas que trabajaban en "un marco de consenso y colaboración, donde se escuchaban mutuamente". No obstante, ello no quita que Espada respalde el uso de mascarillas y que haya recomendado su aplicación generalizada en los centros sanitarios.
Por otro lado, el Gobierno del País Vasco también recurrirá este asunto ante la administración de justicia. El Ejecutivo ha señalado que Sanidad "ni ha presentado argumento alguno que avale esa decisión, ni ha cumplido con las previsiones legales exigibles en la adopción de esta medida absolutamente excepcional".
De hecho, señalan, Sanidad está utilizando un recurso legal "absolutamente extraordinario, sin cumplir sus propios preceptos, para imponer su voluntad a la mayoría de las Comunidades Autónomas, en contra del criterio técnico de estas, y vulnerando sus competencias en materia de salud pública". Apuntan, además, que esto pueda sentar un precedente "gravísimo". Con todo, País Vasco hará cumplir, mientras esté vigente, la medida.
"Sanidad está utilizando un recurso legal absolutamente extraordinario, sin cumplir sus propios preceptos"
Así lo hará también Baleares. Si bien la autonomía ha asegurado que impondrá el uso de la mascarilla, también ha informado de que estudiará, si con esta medida, el Ministerio de Sanidad "se ha saltado la legalidad". Así lo ha asegurado la propia consejera de Salud, Manuela García. De hecho, la consejera desvelaba que, ayer por la tarde, esta orden aún no había llegado a su departamento, y que el jefe de gabinete del Ministerio únicamente les había remitido una orden preliminar a través de un grupo de Whatsapp, pero no por ningún canal oficial.
Tras ello, este mismo jueves, García ha dado a conocer que se hasolicitado a la Abogacía de la comunidad la interposición de un recurso contencioso para pedir como medida cautelar la suspensión del uso obligatorio de la mascarilla en los centros asistenciales y no como recomendación. Igualmente, la consejera ha señalado que la situación epidemiológica en el territorio balear "no justifica dicha medida", que "no se basa en criterios técnicos" y que "está excluyendo de alguna manera la libertad individual".
Andalucía ha tomado una posición similar. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha asegurado que Andalucía "acatará" la decisión. Pese a ello, "también vamos a estudiar jurídicamente si la ministra se ha saltado, de una manera intencionada, la legalidad del Consejo Interterritorial. En este sentido, ha detallado que "lo vamos a estudiar jurídicamente, porque lo que le pedimos a la ministra el lunes fue orden, rigor y seriedad y eso se demuestra habiendo escuchado a todas las comunidades y habiendo celebrado la Ponencia de Alertas, la Comisión de Salud Pública y posteriormente ese Consejo Interterritorial".
Por parte de la Comunidad de Madrid, y según fuentes del Ejecutivo consultadas por Consalud.es, han confirmado que en su caso "Madrid está ahora en bajar el pico de gripe y en atener a los pacientes y a los profesionales sanitarios" y que, por ello, "no estamos en este momento en esta cuestión" de recurrir la norma.
LEY DE COHESIÓN
Pero, ¿qué dice exactamente la ley en la que se ha apoyado el Ministerio de Sanidad? Se trata del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. En este caso, la norma dice explícitamente que "la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas".
Así, si bien la norma otorga la potestad de declarar actuaciones al Ministerio de Sanidad, también hace referencia a un acuerdo previo con el CISNS salvo en situaciones extremas. Esto es precisamente en lo que inciden las autonomías que se están quejando. Sanidad se apoya en esta situación de necesidad, pero las consejerías, siguiendo la literalidad del artículo, reclaman que no se ha producido el acuerdo previo. Además, en cuanto a la cuestión de si se trata o no de una situación extrema en la que sea necesario tomar medidas unilateralmente, las comunidades critican que no se les ha dado audiencia para explicar su situación epidemiológica antes de tomar esta decisión.
De esta manera, se duda de si la situación actual corresponde con una necesidad realmente extrema o no, y si los datos avalan que se haya tomado una decisión sin un consenso previo de las comunidades. Estos serían los motivos por los que las comunidades quieren recurrir, y que los órganos competentes tendrán que juzgar.