Javier Ureña, director del Servicio de Salud de Baleares, se ha referido a las palabras de Francina Armengol al respecto del 'caso Koldo'. Concretamente, ha negado que el anterior gobierno autonómico informara al actual Ejecutivo de la 'popular' Marga Prohens sobre la reclamación presentada contra la empresa que suministró mascarillas defectuosas durante la pandemia.
Igualmente, ha detallado que "en ninguna de las dos reuniones" que tuvieron ambas administraciones para el traspaso de la Consejería de Salud se les informó "de este caso". Además, tampoco se hace referencia a ello en el documento de traspaso del Servicio de Salud, que cuenta con "cerca de 600 páginas".
Ureña ha explicado que el informe de propuesta de reclamación contra la empresa Soluciones de Gestión, recomendada por Koldo García, otrora asesor del exministro José Luis Ábalos, se realizó el mismo día en que Marga Prohens fue investida presidenta de Baleares. "La reclamación se inicia el día 24 de agosto, yo mismo firmo la resolución dirigida por el Gobierno de Baleares", ha señalado.
"La reclamación se inicia el día 24 de agosto, yo mismo firmo la resolución dirigida por el Gobierno de Baleares"
Meses después, tras conocerse la supuesta vinculación del Ejecutivo de Armengol en el 'caso Koldo' y que las mascarillas vendidas como FFP2 para uso hospitalario tenían una certificación inferior, como mascarillas higiénicas, el nuevo Gobierno está tratando de recuperar "el montante global de la operación", si bien Ureña ha admitido que "es complicado en la línea administrativa".
"Ese proceso de reclamación solo permitiría recuperar 2,6 millones y lo que pretendemos, a la vista de las últimas noticias, evidentemente, es recuperar el contrato. Y que se devuelva a los ciudadanos de Baleares los 3,7 millones que son suyos", ha especificado, adelantando que la manera de hacerlo será por la vía penal.
Después de negar que el expediente de reclamación haya caducado como defendió ayer Armengol en declaraciones a la prensa, el director de Servicio de Salud balear ha defendido a los funcionarios del Servicio de Salud, reprochando que la ahora presidenta del Congreso "descargara la responsabilidad de la tramitación" del contrato en ellos en declaraciones a la prensa el martes.