El acuerdo final entre el Gobierno y Unidos Podemos para la definición de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2019 incluye un apartado exclusivo dedicado a la sanidad como derecho universal. Según fuentes de la negociación consultadas por ConSalud.es, el acuerdo incorpora mejoras en el acceso a la asistencia sanitaria para diferentes colectivos.
Ambas partes han consensuado que el acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS) “en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho primordial de toda persona”. En este sentido, han incidido en que “el anterior Ejecutivo modificó este derecho unilateralmente y lo vinculó a la condición de asegurado, excluyendo de esta forma a colectivos especialmente vulnerables”.
El acuerdo incluye la recuperación de la cobertura sanitaria en España a los españoles que residen fuera y que no tienen derecho a asistencia sanitaria reconocido por los países de acogida
De esta manera, los equipos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han establecido vía PGE que la administración central y las comunidades autónomas deban “trabajar conjuntamente para garantizar homogeneidad en el procedimiento”. Así, y pensando en el colectivo de personas extranjeras en situación de irregularidad, han acordado que “la asistencia sanitaria será gratuita durante el periodo que existe entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria”.
ESPAÑOLES QUE RESIDEN FUERA DE ESPAÑA
Por otra parte, el acuerdo incluye mejoras para los españoles que residen fuera de España. El anterior Gobierno del Partido Popular consideró que aquellas personas que permanecieran más de tres meses fuera del territorio español, debían perder la titularidad del derecho a la asistencia sanitaria. Desde el Gobierno y Podemos creen que “es necesario revertir esta situación” ya que muchas personas “se vieron obligadas a salir de nuestro país para buscar trabajo”.
Por estos motivos, el acuerdo de PGE para 2019 también establece que se garantice “la recuperación de la cobertura sanitaria en nuestro país a los ciudadanos y ciudadanas españoles que residen fuera de España y que no tienen derecho a la asistencia sanitaria reconocido por los países de acogida o bien ese derecho no es exportable cuando se encuentren en territorio español”.