Sesenta años de sufrimiento sin compensación es el que llevan los afectados de la talidomida luchando por un reconocimiento que esta legislatura tampoco va a llegar.
Esta semana conocíamos el rechazo rotundo de la Asociación de Afectados de la Talidomida (Avite) al proyecto de Real Decreto enviado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para regular la concesión de ayudas.
Según explican en un comunicado desde la asociación, “una vez más el Gobierno de Pedro Sánchez no está teniendo en cuenta los intereses de los afectados”. Así, señalan que en el texto no se respeta lo aprobado en la Ley de Presupuestos (LPGE 6/2018) aprobada por el Partido Popular el año pasado. Tampoco lo previamente pactado entre el Ministerio y los afectados.
“Una vez más el Gobierno de Pedro Sánchez no está teniendo en cuenta los intereses de los afectados”
Ante esta situación, Avite recurrirá ante los tribunales. Con estas últimas actuaciones, se zanjaría así una legislatura, pero no la lucha de unos afectados que lleva ya más de medio siglo.
CAPÍTULO TALIDOMIDA-GOBIERNO DE SÁNCHEZ
El pasado mes de octubre, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, se comprometía a finalizar el Real Decreto que reconoce las ayudas a los afectados por la talidomida. Se daba así un nuevo paso, el cual era recogido por el vicepresidente de Avite, Rafael Basterrechea, como positivo, aunque puntualizaba que quedaban “algunos pequeños flecos con la farmacéutica Grünenthal”.
Los afectados por la talidomida llevaban ya meses intentando solventar la situación. De hecho, la organización mantuvo varias reuniones en julio con alto cargos del Ministerio en relación con los presupuestos generales de 2018 donde se incluye una enmienda con la que se prevé compensar a las víctimas de la talidomida. Sin embargo, desde la llegada de Carcedo a la cartera de Sanidad, nadie del nuevo equipo se había puesto en contacto con los afectados hasta dicha fecha.
A comienzos de enero, Avite se reunía con la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón. El resultado fue nefasto para los afectados. Desde la asociación explicaban que Bardón fue muy clara y expresó claramente que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene ninguna voluntad política de regular la exención fiscal de las ayudas aún pendientes.
A finales de diciembre los socios de Avite ya habían decidido que no aceptarían un trato fiscal distinto al que han recibido los afectados de la talidomida en el resto del mundo, es decir, la exención fiscal
Ante estos hechos, Avite decidió demandar al Estado Español. Según señalaban, los afectados de la talidomida están recibiendo un trato diferente al del resto de pacientes. “Por ejemplo, para los infectados de VIH se aprobó el Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo, en el que se estableció en la misma norma el procedimiento de cobro y la exención fiscal por el Gobierno de entonces”. Además, los socios de Avite ya habían decidido a finales de diciembre que no aceptarían un trato fiscal distinto al que han recibido los afectados de la talidomida en el resto del mundo, es decir, el de la exención fiscal.
De este modo, Avite interponía una reclamación patrimonial administrativa contra el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Se trata del paso previo que exige la ley antes de poder demandar al Estado. En el documento le solicitaban al Ministerio indemnizaciones para sus socios afectados por la talidomida por un importe total de 390.540.000 euros.
Una de las principales quejas de la asociación ha sido la pasividad del gobierno en el reconocimiento de los afectados. "A pesar de que el procedimiento para el reconocimiento de afectados parte del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su reunión celebrada el día 8 de noviembre de 2017, no existe a día de hoy ni un solo afectado reconocido oficialmente. Actualmente ni siquiera se ha liberado a los siete componentes del Comité Científico Técnico de sus obligaciones asistenciales en la medicina pública para realizar su trabajo", señalaban el pasado mes de enero.
Ahora, con el último varapalo para los afectados de la talidomida, que protagoniza el proyecto de Real Decreto enviado por el Ministerio, se vuelve a dejar en puntos suspensivos la reparación de estas víctimas, que se han convertido en un ejemplo de lucha y compromiso constante.