El Tribunal Constitucional por fin se renueva. Con más de seis meses de retraso, el magistrado Cándido Conde-Pumpido ha sido elegido este miércoles presidente del Tribunal Constitucional e Inmaculada Montalbán, vicepresidenta. La votación de los magistrados se ha inclinado a favor del veterano magistrado y ex fiscal general por seis votos a favor, frente a cinco en contra.
El tribunal de garantías tenía que elegir a su nuevo presidente o presidenta entre dos aspirantes del grupo progresista del tribunal, después de que hubieran fracasado todos los intentos de presentar una sola candidatura.
Conde pumpido y María Luisa Balaguer competían para hacerse con la presidencia del órgano de garantías durante los dos próximos años y medio. Los cuatro magistrados del sector conservador han apoyado a María Luisa Balaguer, que, con el suyo, ha recogido cinco votos.
La política sanitaria de este país permanece aún pendiente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre recursos interpuestos por PP y Vox a normas especialmente relevantes como son la ley del aborto del 2010 o la de eutanasia del 2021. Además, aún quedan por resolver expedientes sobre varias normas relacionadas con la gestión de la Covid-19.
La votación de los magistrados se ha inclinado a favor del veterano magistrado y ex fiscal general por seis votos a favor, frente a cinco en contra, según fuentes judiciales.
La renovación se ha producido tras la toma de posesión de Juan Carlos Campo y Laura Díez, elegidos por el gobierno, y María Luisa Segoviano y César Tolosa, elegidos por el CGPJ quienes estaban pendientes de jurar su cargo,desde el pasado 12 de junio, cuando caducó el mandato de los anteriores magistrados.
Con ello, se ha producido un cambio en el equilibrio de fuerzas en el TC, ya que pasa de una mayoría conservadora --de 6 magistrados frente a 5-- a una progresista más holgada --de 7 a 4--.
Cabe recordar que aún está vacante la plaza de Alfredo Montoya, que renunció el pasado verano por motivos de salud. Este magistrado fue nombrado por el Senado, por lo que debe ser la Cámara Alta quien designe a su sustituto mediante un proceso de selección que ya ha puesto en marcha.
ABORTO Y EUTANASIA
Uno de los recursos sobre los que se tiene que pronunciar el TC es el que interpuso el PP en 2010 sobre la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, ley del aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El expediente fue presentado por los populares hace ya 12 años, hecho que no impedirá que la sentencia tenga un importante efecto.
Aún así, la repercusión final dependerá de si la sentencia se produce antes de que entre en vigor la reciente reforma aprobada por el Gobierno actual, promovida por Irene Montero desde el Ministerio de Igualdad. En ella, se vuelve incluir la posibilidad de que menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso de sus tutores legales, opción que fue eliminada por el propio PP en la Ley 11/2015.
De igual forma podría pasar con la Ley de Eutanasia, que cuenta con dos recursos de PP y Vox y que podría ser tumbada por la parte conservadora. Esta ley, que cumple ahora un año y medio desde que entró en vigor, fue rechazada en las Cortes Generales por ambos partidos de derecha. La formación que dirige Santiago Abascal llegó incluso a presentar su recurso de inconstitucionalidad días antes (16 de junio de 2021) de que entrara en vigor de forma efectiva (25 de junio de 2021).
Por su parte, el pleno del TC admitió a trámite en septiembre de 2021 el recurso presentado por el PP. En él, alegaban que la norma vulneraba varios artículos de la Constitución Española, como el del derecho a la vida y a la dignidad de la persona. Y a pesar del cambio en la dirección popular, con la llegada de Núñez Feijóo, el partido continúa con esta línea.
COVID-19
Precisamente, la mayoría conservadora que imperaba hasta ahora en la Corte constitucional desautorizó la estructura legal que aprobó el Gobierno para combatir la pandemia del Covid-19. El anterior TC tumbó tanto el primero como el segundo estado de alarma y la reforma del Gobierno que dejó a juicio de los TSJ el aval de las restricciones sanitarias de las CC.AA.
Cabe recordar que ya tumbó tanto el primero como el segundo estado de alarma y, recientemente, la reforma que dejó a juicio de los TSJ el aval de las restricciones sanitarias impulsadas por las comunidades autónomas.
Al margen de ello, el Tribunal Constitucional, ahora progresista, aún tiene que resolver varios recursos sobre decretos relacionados con la gestión de la pandemia, algunos de ellos también presentados por Vox, y que representan actuaciones de las Comunidades Autónomas que tienen que ver con la vacunación obligatoria o la fijación de un régimen sancionador.