Algunas decisiones del equipo de Faustino Blanco no han tenido en cuenta las repercusiones que pueden tener en el futuro para la sanidad española y para los pacientes. Hace unos días hemos podido ver en todos los medios de comunicación la noticia en la que informaban de que España se había quedado fuera del grupo de países de la Unión Europea que tienen capacidad para fabricar la futura vacuna del coronavirus. En concreto, sólo Francia, Alemania, Italia y Holanda tienen infraestructura suficiente para hacer frente a la fabricación de la vacuna.
Como es lógico esta noticia no gustó nada al presidente del Gobierno, ya que salía mal en la foto de los grandes de la Unión Europea. Inmediatamente Pedro Sánchez encomendó al ministro de sanidad que hiciera las gestiones y negociaciones pertinentes para que la industria farmacéutica española se comprometiera a fabricar vacunas contra el Covid-19 cuando estuviera disponible.
Seguro que se pueden encontrar mecanismos legales para poder parar un procedimiento que no tiene ningún aval científico ni social y que de seguir adelante supondrá un enorme perjuicio para millones de pacientes
Las gestiones personales de Salvador Illa han dado sus frutos. Después de una llamada telefónica al CEO de los laboratorios Reig Jofré, Ignasi Biosca, al CEO de los laboratorios Rovi, Juan López Belmonte y al presidente de los laboratorios Normom, Jesús Govantes, los tres accedieron a hacer el esfuerzo que fuera necesario para poder producir vacunas en condiciones suficientes, y lo que es más importante, su compromiso personal para que España sea el primero y principal destinatario de las vacunas.
Pero lo que es la vida. Resulta que estos tres laboratorios españoles, que han mostrado su disposición total para la fabricación de las vacunas del Covid-19, son también comercializadores de medicamentos Sysadoas, para el tratamiento de la artrosis y, en mayor o menor medida, el perjuicio que les supone la desfinanciación, sin sentido, de estos medicamentos es millonario.
Según el propio ministro el proceso de desfinanciación de los Sysadoas está muy avanzado y es difícil remitirlo, aspecto que no se entiende muy bien porque todavía está pendiente todo el procedimiento de recursos. Seguro que se pueden encontrar mecanismos legales para poder parar un procedimiento que no tiene ningún aval científico ni social y que de seguir adelante supondrá un enorme perjuicio para millones de pacientes. El refranero español es muy sabio. A Dios rogando y con el mazo dando, así está actuando el equipo ministerial.