La tormenta política se ha desatado en la Junta de Andalucía como consecuencia de los opacos acuerdos rubricados entre el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof) y Bidafarma, así como la vinculación existente entre esta compañía y la Junta de Andalucía.
Recientemente conocíamos la noticia de la decisión de la Junta de Andalucía de conceder, sin concurso, la distribución de las vacunas contra la Covid-19 a Bidafarma. El acuerdo tendrá una duración de seis meses y está focalizado en los aspectos logísticos requeridos por la vacuna. La compañía pondrá a disposición de la Junta sus instalaciones de forma gratuita, aunque tendrá un papel clave en la gestión de aspectos como el mantenimiento, transporte o la custodia de las dosis una vez empiecen a llegar a la región. En Bidafarma, cooperativa de distribución mayorista de medicamentos de amplia gama con implantación nacional y de capital 100% farmacéutico resultado de la fusión de 12 cooperativas, trabaja como gerente de Relaciones Institucionales Manuela Villena López, mujer del actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Una decisión que ha despertado las críticas en el PSOE. María Jesús Serrano, secretaria de Política Municipal del PSOE-A, ha exigido al presidente de la Junta que "el reparto de las vacunas contra el Covid se haga a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y no desde una distribuidora privada, como es Bidafarma", tal y como recogen en Crónica Global.
Una exigencia que se produce en medio de la polémica generada por la decisión del presidente de Cacof, Antonio Mingorance, de un posible pacto con la Junta de Andalucía sobre las nuevas subastas de medicamentos. Andalucía se convirtió en diciembre de 2011 en la primera Administración en fijar la adjudicación del suministro de medicamentos de uso extra hospitalario por convocatoria pública. La subasta de medicamentos entró en vigor en Andalucía de la mano del PSOE y su reversión formaba parte del acuerdo del actual Gobierno andaluz rubricado por el Partido Popular y Ciudadanos.
María Jesús Serrano, secretaria de Política Municipal del PSOE-A, ha exigido al presidente de la Junta que "el reparto de las vacunas contra el Covid se haga a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y no desde una distribuidora privada, como es Bidafarma"
A pesar de que desde el momento de su constitución no se han convocado más licitaciones, la Junta de Andalucía ha aprobado la reforma de la Ley de Farmacia de Andalucía de 2007, con lo cual, se mantiene la subasta de medicamentos. Un movimiento duramente criticado por la industria y por los colegios farmacéuticos que acusan al Ejecutivo regional de incumplir una promesa electoral. Este método de licitación cautiva lastraría hasta un 21% el precio de los fármacos afectando al 55% de las farmacias andaluzas. Cabe señalar en este asunto que Mingorance es además el vicepresidente de Bidafarma que, casualmente, se posiciona como líder en distribución de medicamentos en Andalucía.
"No entendemos cómo en Andalucía, con un sistema de salud sólido, se tiene que hacer a través de una distribuidora farmacéutica privada en lugar de hacerse desde lo público"
"No entendemos cómo en Andalucía, con un sistema de salud sólido, se tiene que hacer a través de una distribuidora farmacéutica privada en lugar de hacerse desde lo público", lamenta Serrano. Unas declaraciones que siguen la línea de las realizadas por la expresidenta de la Junta de Andalucía y actual secretaría general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz. Ha solicitado una respuesta al Gobierno regional sobre este asunto señalando que no se entiende que en un sistema de salud potente como el de Andalucía, “se tenga que hacer a través de una distribuidora farmacéutica privada en lugar de hacerse desde lo público, que es lo razonable en un momento como este y que es donde se garantiza, evidentemente, el reparto homogéneo, la solidaridad, la equidad y que se haga con criterios profesionales".
Díaz ha hecho referencia además al incumplimiento de la promesa electoral del PP y Ciudadanos, partidos que en el pasado criticaron duramente al PSOE andaluz por su implantación. "Con lo que hemos tenido que escuchar los últimos años, que la subasta de medicamentos la iban a derogar, nos llevaron al Tribunal Constitucional (…) Dijeron que había desabastecimiento en las farmacias, que las medicinas en Andalucía eran de peor calidad".