En los últimos meses, el debate sobre el futuro de la sanidad en España ha cobrado fuerza, especialmente a raíz de propuestas que podrían afectar tanto a la sanidad pública como a la privada. Entre las medidas más polémicas está la última declaración de la Ministra de Sanidad, Mónica García, que fija como fecha definitiva para el fin de MUFACE el 1 de enero, tras ello, dedicarían nueve meses para la inclusión de todos los mutualistas al Sistema Nacional de Salud (SNS).
El modelo de MUFACE es una piedra angular del sistema sanitario en España para un segmento concreto de la población: los funcionarios. Este sistema permite a los afiliados elegir entre recibir atención sanitaria pública o acogerse a seguros privados concertados. Este modelo no solo descarga al sistema público de una parte significativa de usuarios, sino que también supone un ahorro para las arcas del Estado, ya que el coste por usuario en MUFACE es inferior al que supondría atender a los mismos funcionarios en la sanidad pública.
Además, MUFACE ofrece un equilibrio saludable entre lo público y lo privado, promoviendo la coexistencia de ambos sistemas y permitiendo que cada ciudadano decida el tipo de atención que mejor se adapta a sus necesidades. A día de hoy, más de 1,5 millones de personas se benefician de este modelo, que no solo contribuye al bienestar de los funcionarios, sino que también alivia la carga en hospitales y centros de salud públicos, ya saturados.
El argumento de que la desaparición de MUFACE reforzará la sanidad pública se tambalea ante la evidencia. El sistema sanitario público no necesita más usuarios, sino más recursos y mejor gestión. La solución no pasa por desincentivar el uso de la sanidad privada, sino por garantizar que ambas puedan coexistir de forma armónica, como ha demostrado el modelo de MUFACE.
Este tipo de medidas pone en peligro la estabilidad del sistema sanitario en su conjunto, erosionando un ecosistema que permite atender a millones de personas de forma eficaz. En lugar de fortalecer la sanidad pública, esta decisión podría debilitarla al obligar a la sanidad privada a reducir sus servicios y su alcance, trasladando a la pública una carga que difícilmente podría soportar.
Por otro lado, el anuncio de la ministra de Sanidad pone de manifiesto la descoordinación del actual gobierno. Mientras Mónica García anunciaba su intención de “cargarse” MUFACE, el Ministerio de Función Pública, dirigido por Oscar López, anunciaba que estaba preparando un nuevo concurso para continuar con el modelo MUFACE, que la mayoría de los funcionarios prefieren en lugar de la asistencia por parte de SNS. Todo cúmulo de despropósitos por parte del actual gobierno.
Además de la propuesta de desaparición del modelo MUFACE, en los últimos meses el grupo político Sumar, liderado por la actual vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se empeña en imponer un impuesto a las pólizas de salud privada, bajo el pretexto de proteger lo público, y esto, podría tener un efecto contrario al esperado. El debilitamiento de la sanidad privada no resolverá los problemas de la pública, sino que los agravará al incrementar la presión sobre un sistema que ya enfrenta retos significativos, como las listas de espera, la falta de personal y el desabastecimiento de recursos.
Es hora de abandonar las políticas que enfrentan a la sanidad pública y privada y apostar por un enfoque integrador que reconozca la importancia de ambas. En lugar de penalizar a quienes optan por seguros privados, sería más beneficioso para todos fortalecer el modelo de colaboración existente, asegurando que ni la pública ni la privada sufran las consecuencias de decisiones políticas mal calculadas. Solo así será posible garantizar una sanidad sostenible, equitativa y de calidad para todos los ciudadanos.