La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Comisiones Obreras (CCOO) manifiestan su rechazo a una congelación salarial de los empleados públicos, entre también los profesionales sanitarios, tras diversas informaciones periodísticas sobre esta cuestión filtradas por Moncloa.
"Los empleados públicos, las personas que han garantizado la apertura de las escuelas, que nos atienden en los centros de salud y hospitales, que con tantas dificultades atienden prestaciones como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, no merecen una medida unilateral de este tipo, ni que se les trate con globos sonda. Exigimos la apertura de la negociación sindical de inmediato"
CSIF: "Exigimos la apertura de la negociación sindical de inmediato"
CSIF ha pedido al Ministerio de Política Territorial y Función Pública iniciar ya una negociación, en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado, para abordar las retribuciones y la oferta de empleo público, ante las necesidades acuciantes de reforzar las plantillas de las administraciones en todos los ámbitos: Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Justicia y Administración General del Estado, entre otros.
"Así, reclamamos al Gobierno que se siente a negociar cuanto antes un acuerdo de legislatura para mejorar las condiciones laborales de los empleados/as públicos, en el marco de los nuevos Presupuestos Generales del Estado", asegura la organización sindical en un comunicado.
El sindicato recuerda que el colectivo de empleados públicos ha estado en primera línea en la lucha contra el coronavirus, "en los peores momentos de la pandemia" y "sigue siendo un pilar fundamental para que la ciudadanía reciba servicios fundamentales, como la Educación, la Sanidad o las prestaciones aprobadas para dar cobertura social a las personas en dificultades".
CSIF recuerda además que los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010, por lo que exigirán un acuerdo de legislatura que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario.
CSIF exige un acuerdo de recuperación progresiva de los salarios (previos a 2010) y un Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas
"Entendiendo las dificultades que atraviesa la economía, es preciso avanzar en aspectos como la carrera profesional, el establecimiento de la jornada de 35 horas y de manera urgente en una regulación del teletrabajo y la solución al problema de la temporalidad", sostiene la organización que lidera Miguel Borra.
"NEGOCIACIÓN REAL"
Por su parte, CCOO exige "respeto institucional" y abrir de manera inmediata la negociación del III Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y Condiciones de Trabajo, así como una "negociación real" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021 y rechaza la congelación salarial de los empleados públicos.
Para el Área Pública de CCOO, es imprescindible la negociación del III Acuerdo, en el que las retribuciones, el empleo y las políticas de igualdad y prevención son "materias irrenunciables". "Los empleados públicos han hecho un grandísimo esfuerzo por garantizar el mantenimiento de los servicios públicos durante la pandemia producida por la covid-19 y no merecen el desprecio del Gobierno".
"Han hecho un grandísimo esfuerzo por garantizar el mantenimiento de los servicios públicos durante la pandemia producida por la covid-19. No merecen el desprecio del Gobierno"
"Es urgente recuperar el poder adquisitivo y el empleo público perdidos, ampliar las plantillas y acometer las medidas necesarias para su rejuvenecimiento, así como el desarrollo de la clasificación profesional. El Gobierno tiene una deuda con los empleados públicos en materia salarial arrastrada desde la anterior crisis económica de 2008 que debe ser compensado", argumenta el sindicato que preside Unai Sordo.
CCOO rechaza la "escasa voluntad de diálogo" que manifiesta el equipo gubernamental de Función Pública y afirma que "está más preocupado por gestiones de malabarismos institucionales que por garantizar y asentar las condiciones de vida y trabajo de más de 3 millones de trabajadoras y trabajadores públicos".