Este viernes se ha desvelado que Sara Aagesen será la elegida para sustituir a Teresa Ribera, nueva vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, como vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el Gobierno de Pedro Sánchez. La nueva responsable de la cartera es ingeniera química especializada en Medio Ambiente, ha trabajado en la Oficina de Cambio Climático, como asesora del gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y, desde enero de 2020, ejercía como secretaría de Estado de Energía.
De hecho, la nueva ministra fue la primera mujer en ostentar la secretaría de Estado de Energía a propuesta de la propia Ribera y se venía especulando desde hace meses con la posibilidad de que fuera su sucesora. Su nuevo departamento no le será desconocido, ya que en 2018 fue nombrada asesora del gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica, donde, entre otros cometidos, se responsabilizó de la dirección, coordinación y definición del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y de la Estrategia a Largo Plazo 2050.
Aagesen se hará cargo de un departamento que entre sus principales focos tiene también la puesta en marcha de estrategias para abordar el cambio climático asociado a la salud de las personas
De esta manera, Aagesen se hará cargo de un departamento que entre sus principales focos tiene también la puesta en marcha de estrategias para abordar el cambio climático asociado a la salud de las personas, así como para prevenir los crecientes efectos medioambientales que exponen a la población a enfermedades. No en vano, nuestro país -también Europa- ha hecho especial hincapié en los últimos años en trazar políticas de salud pública multifactoriales y basadas en el concepto One Health.
Entre las iniciativas relacionadas con la salud más destacadas en las que participa el Ministerio de Transición Ecológica encontramos el Observatorio de Salud y Cambio Climático (OSCC). Una estructura interministerial creada el pasado mes de febrero junto al departamento de Sanidad y el de Ciencia, Innovación y Universidades, del que ahora Aagesen tomará parte, y que persigue aunar la investigación, la formación, la vigilancia y la divulgación en el ámbito de la salud y el clima.
Entre las iniciativas relacionadas con la salud más destacadas en las que participa el Ministerio de Transición Ecológica encontramos el Observatorio de Salud y Cambio Climático (OSCC)
Entre los principales objetivos de esta institución, en la que la nueva ministra compartirá mesa con Mónica García y Diana Morant, así como con diferentes expertos del ramo, se encuentra definir los riesgos para la salud asociados al cambio climático, crear un sistema integrado de avisos y alertas por amenazadas sanitarias derivadas del clima o promover una cultura de autoprotección en la sociedad, especialmente en los grupos más vulnerables.
DEFENSA CONTRA LA RADIACIÓN
A la espera de la toma de posesión oficial de la nueva titular de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el ministerio que regentará ha lanzado este viernes una consulta pública previa como primer paso para modificar el Reglamento de 2022 sobre la protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes: suelos con contaminación radiactiva, recintos cerrados con presencia de gas radón o radiación gamma emitida por los materiales de construcción, o radiación cósmica, en el caso del personal de aeronaves y vehículos espaciales.
Esta modificación normativa permitirá ampliar y endurecer la regulación sobre, entre otras cuestiones, las actividades que evitan o reducen la exposición de las personas a la radiación
Esta modificación normativa permitirá ampliar y endurecer la regulación sobre, entre otras cuestiones, las actividades que evitan o reducen la exposición de las personas a la radiación, actuando sobre las fuentes, las vías de transferencia y las propias personas en situaciones de exposición existente. No en vano, la meta es trasponer una Directiva europea que debería haber llegado en 2018 y que, como consecuencia de su retraso, supuso para España el pasado año un fallo contrario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.