Según estas organizaciones, las personas privadas de libertad cuentan con una salud “extraordinariamente más quebrantada que las personas con libertad”. Así lo han denunciado conjuntamente, argumentando que la ley establece que “han de tener los mismos derechos, en lo que atención sanitaria se refiere, que las personas libres”.
Denuncian la dependencia de los facultativos con el Ministerio del Interior, la imposición de que a los reclusos se les dispensen fármacos distintos a los de fuera de las cárceles
Uno de los aspectos que consideran más problemáticos es la trasferencia del servicio sanitario penitenciario a las comunidades autónomas. Si bien hace 13 años se aprobó la Ley 16/2003, en la que se decía que dicha competencia debía ser traspasada, los demandantes recuerdan que solo se cumple en el País Vasco, experiencia que consideran “exitosa”. Esto, consideran que ha generado problemas a la población reclusa que ha de asumir el estado puesto que estas personas “se encuentran bajo su responsabilidad”.SUCESIÓN DE INCONVENIENTES
Médicos y defensores de los derechos humanos han señalado la dependencia de los facultativos del Ministerio del Interior, hecho que en ocasiones “hace difícil prevalecer el criterio médico con el de la autoridad penitenciaria”. Asimismo, han denunciado que se imponga a los reclusos la dispensación de fármacos distintos de los que se consiguen fuera de las cárceles, una medida que ha sido declarada ilegal por el Tribunal Supremo.
Por otra parte, denuncian que “ni los médicos de prisión tienen acceso a la historia clínica del paciente que ingresa en la cárcel, ni los profesionales del Sistema Nacional de Salud cuentan con información alguna de un paciente durante su tiempo de condena”.
INFORME DE LA APDHA
Además de haber realizado estas demandas, por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han presentado también un informe bajo el título Sanidad en Prisión: La salud robada en cuatro muros. En él, se plantean estas y otras cuestiones enfocadas a profundizar en las condiciones que padecen las personas privadas de libertad en el acceso a la salud.
Por ejemplo, el informe plantea asuntos como la situación de las personas que sufren una enfermedad mental, la dificultad de acceder a los tratamientos de última generación, como la hepatitis C, o la pérdida de citas con especialistas que, según los demandantes, “agravan la salud ya precaria de las personas presas”.
Según los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en España hay actualmente 60.264 personas privadas de libertad. De ellas, 55.700 son hombres y 4.564 mujeres.
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