El Gobierno ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que "se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere" la actual ley del aborto. Lo ha hecho a través del ministerio de Sanidad, según ha informado el propio ejecutivo en un comunicado.
El Gobierno de la Nación responde así a la nota de prensa de la Junta de Castilla y León del pasado 12 de enero en la que se anunciaban medidas para "fomentar la natalidad y el apoyo a las familias".
El ejecutivo asegura que utilizará "todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente".
Sanidad asegura que "velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración pública alguna".
El Gobierno no descartar "implementar actuaciones jurídicas adicionales" si la Junta no atiende al requerimiento.
El Gobierno exige además que en el caso de haber adoptado ya medidas cesen "de inmediato" cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o cumunicación al respecto que establezca "cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación" al personal sanitario con la finalidad de "obligar" o "sugerir" a una mujer embarazada que no lleve a cabo su derecho a abortar.
El ministerio en el requerimiento "exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas".
El Gobierno no descartar "implementar actuaciones jurídicas adicionales" si la Junta no atiende al requerimiento.
MEDIDAS PROVIDA
Entre las medidas anunciadas por Castilla y León se encuentran el refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales contempladas actualmente y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
La cuarta medida propuesta por la Junta es velar por que se respete el ejercicio del derecho fundamental a la objeción de conciencia de aquellos profesionales que participen en la prestación de la interrupción voluntario del embarazo (IVE).
La primera de esas medidas será garantizar a la madre gestante el acceso a una atención psicosocial específica, en la esfera emocional, mediante el acceso a un psicólogo clínico de SACYL.
La Junta de Castilla y León defiende que se está cumpliendo con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que en su artículo 19 recoge que “los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia”.
MAÑUECO: El GOBIERNO MIENTE
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha respondido al requerimiento del Gobierno. Mañueco asegura en una serie de tuits que su comunidad "no ha aprobado" acuerdo alguno que limite los derechos de las mujeres ni de los profesionales sanitarios.
Además, el presidente de la Junta acusa a Sánchez de mentir para "esconder su incompetencia" por la aprobación de la ley del "solo sí es sí" que "reduce" condenas y "pone en libertad" a agresores sexuales.
Por último, Mañueco explica que el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, escribió una carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la que explicaba que "no se vulnera ningún derecho" y que por tanto es "intolerable" este ataque a Castilla y León, "basado en mentiras y con intención de generar alarma social".