El Gobierno ha aprobado este pasado martes en el Consejo de Ministros la subida salarial del 2% a los funcionarios públicos (entre los que se encuentran los sanitarios). Dando por cumplida así una de las medidas recogidas dentro II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de los empleados públicos suscrito entre los sindicatos y el Gobierno en 2018 y cuyas medidas se aplicaron de manera sucesiva en 2018 y 2019 por gobiernos del PP y del PSOE.
"El nuevo Gobierno ha cumplido con su compromiso, priorizando esta medida y anunciando su aprobación en el Consejo de Ministros con intención de hacerla efectiva inmediatamente, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020. CCOO valora positivamente el reconocimiento explícito del gobierno a los empleados públicos y su apuesta por reforzar y garantizar los servicios públicos", asegura CCOO en un comunicado de prensa.
CCOO espera que Función Pública reactive las mesas de negociación y los grupos de trabajo para recuperar los "derechos arrebatados" a los sanitarios públicos
El sindicato espera que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, tal y como han solicitado, acelere igualmente la reactivación de las mesas de negociación y los grupos de trabajo para avanzar en la recuperación de los "derechos arrebatados" y el "fortalecimiento" de los servicios públicos.
El Área Pública de CCOO reitera una vez más lo que viene exigiendo desde hace meses en este ámbito (además de la subida salarial): la aceleración de las ofertas de empleo público, la aprobación de planes de carrera profesionales, la eliminación de la tasa de reposición, la apertura de la negociación de los planes de igualdad, el establecimiento de un calendario de trabajo para un nuevo acuerdo de mejora económica y laboral para los empleados públicos y un III Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo que reforme el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
UN PLAN DE CHOQUE ANTE LAS JUBILACIONES
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) espera políticas de Estado para las administraciones públicas con un plan de choque sobre plantillas (en los próximos 10 años se van a jubilar 905.000 personas) y se suma a la necesidad apuntada por CCOO de un nuevo acuerdo para la mejora del empleo público y retribuciones, dado que el vigente expira este año.
"Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la subida pactada en 2020, CSIF espera recuperar cuanto antes el tiempo perdido y comenzar la negociación en las mesas recientemente constituidas", indica la organización sindical en una nota de prensa.
CSIF ofrece diálogo al Gobierno para alcanzar acuerdos estables
En este sentido, CSIF tiende la mano al Ejecutivo y en concreto a la nueva ministra de Función Pública, para alcanzar acuerdos estables y dignificar la labor de los profesionales de las administraciones públicas.
Desde el sindicato, tienden la mano para alcanzar "acuerdos sólidos" en ámbitos como la carrera profesional, evaluación del desempeño, equiparación de retribuciones entre administraciones, estabilidad y mejora en la calidad del empleo, entre otras, muchas de ellas contenidas en el acuerdo de coalición alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos.
ACABAR CON LA TEMPORALIDAD EN SANIDAD
Según UGT, el acuerdo con los sindicatos, los empleados públicos recuperaron en 2018 y 2019 un 2,7% del poder adquisitivo perdido con los recortes y congelaciones de los años previos.
El secretario general de FeSP-UGT, Julio Lacuerda, ha señalado que "es importante ahora ver cómo hacer frente en la presente legislatura a todo lo relativo a la Función Pública en nuestro país, que lleva mucho tiempo esperando soluciones importantes que nos sitúen a la cabeza de un país moderno en materia de empleo público”. Acabar con la alta tasa de temporalidad en sectores como Sanidad, Educación y Justicia es uno de los objetivos pactados en el Acuerdo para la mejora de empleo público 2018-2020.
UGT ha emplazado al nuevo Gobierno a comenzar un ronda de reuniones para negociar un nuevo acuerdo que continúe avanzando en la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010 y a aprobar un plan integral de Recursos Humanos en la Administración General del Estado que prevea y solucione el envejecimiento de las plantillas.