La pandemia Covid-19 impulsó la preocupación social por la salud mental. La mayor reivindicación de recursos y de visibilidad por parte de la población llevó a los gobiernos autonómicos y nacionales a impulsar planes, estrategias, inversiones e incluso leyes con los que dar respuesta a este problema sanitario que tras el confinamiento se había multiplicado. Las iniciativa políticas se incrementaron, pero la máxima reivindicación, una ley de Salud Mental que contemplara unos ratios mínimos de profesionales, o incluso unas medidas para impulsar la atención en salud mental, quedaron congeladas con el adelanto de elecciones nacionales para el 23 de julio.
A finales de septiembre de 2021 el Congreso de los Diputados dio luz verde a continuar la tramitación de la Ley General de Salud Mental impulsada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Esta norma, que va más allá en la protección de la salud mental ciudadana que una Estrategia Nacional de Salud, fue apoyada por el PSOE, Más País, EH Bildu, PRC y Cs, con las abstenciones de PP y PDeCAT. Entre sus iniciativas proponía nuevas garantías de tiempo y ratios de profesionales. En concreto, la ley garantizaba un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogas y psicólogos clínicos y 23 enfermeros y enfermeras especialistas de salud mentalpor cada 100.000 habitantes a los que se llegaría en un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor del documento.
La Estrategia no cuenta con compromiso de ratio mínima de profesionales. España tiene ratios más bajos de profesionales de salud mental que otros países de nuestro entorno.
Dos años después, y pese al apoyo de la mayoría de la Cámara de los Diputados, la ley, controvertida en cuanto a la definición y diferenciación de síntomas y trastorno mentales, sigue atascada en el Congreso ahora disuelto tras la convocatoria de comicios para el 23J. Pero durante estos años, el Ministerio de Sanidad consiguió aprobar la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Saludpara el periodo 2022-2026.
Tres meses después de que Podemos propusiera la Ley, el Consejo de Ministros daba luz verde a la actualización de la estrategia de 2010 que establecía una hoja de ruta en forma de marco estratégico “a partir del cual se impulsarán planes de acciones concretos, los cuales sí tendrán asignado presupuesto”, confirmaba la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Recientemente, el Gobierno aprobó la partida de 38,5 millones de euros para la mejora de infraestructuras y equipamiento clínico de los centros, servicios y unidades destinadas a la atención de Salud Mental. Sin embargo, pese a las medidas que en estos años se han realizado a nivel nacional, la Estrategia no cuenta con compromiso de ratio mínima de profesionales. España tiene ratios más bajos de profesionales de salud mental que otros países de nuestro entorno.
Según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría, contamos con 9,8 psiquiatras y 16,2 psicólogos por cada 100.000 habitantes, lejos de la media europea de 18 profesionales por cada 100.000 habitantes, según un informe de la Organización Mundial de la Salud recogido por Salud Mental España. Aunque en la última convocatoria PIR se aumentaron las plazas de psicología Clínica, con la convocatoria de 227 plazas, estas son insuficientes para cubrir la falta de profesionales presentes en nuestro sistema sanitario, denunciaron diferentes especialistas a este medio.
La ley ha quedado paralizada, y no hay alternativas que regulen el aumento de ratios de profesionales sanitarios, una mayor humanización de la atención o un incremento de la presencia de psicólogos en Atención Primaria
Aunque a nivel nacional el proceso de aprobación de una Ley de Salud Mental se ha paralizado, en España La Rioja puso en marcha este año la primera norma legislativa de este campo. Esta ley establece, entre otras medidas, unos ratios mínimos de psicólogos y psiquiatras en las plantillas de los hospitales, así como un programa específico destinado a prevenir el suicidio. De esta manera, La Rioja se ha convertido en la primera autonomía en aprobar una normativa con las que mejorar la atención de los pacientes.
Sin embargo, a nivel nacional, la ley ha quedado paralizada, y no hay alternativas que regulen el aumento de ratios de profesionales sanitarios, una mayor humanización de la atención o un incremento de la presencia de psicólogos clínicos en Atención Primaria, medida, esta última, que se ha puesto en marcha ya en nueve comunidades autónomas y que está mejorando el acceso al tratamiento a aquellas personas que lo necesiten.
La Ley de Salud Mental ha sido una de las damnificadas por el adelanto electoral. Así como la legislación del derecho al olvido de los pacientes con cáncer, de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, una prioridad de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS); la reforma del Estatuto Marco, que lleva meses negociándose entre los sindicatos y el Ministerio de Sanidad; la creación de un Centro Estatal de Salud Pública, o la Agencia Estatal, que se ha quedado paralizada; y la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión en el Sistema Nacional de Salud, detenida desde hace meses en el Parlamento.