La reforma de la ley del aborto, ha dado hoy otro paso más en su camino, tras el visto bueno del Senado al proyecto de ley por el que se modifica la ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo gestado por el Ministerio de Igualdad. Tras su aprobación por 146 votos a favor (PSOE más socios de Gobierno), 110 votos en contra (PP y VOX) y 6 abstenciones, el texto al ser modificado, vuelve al Congreso para completar su tramitación.
La tramitación de este proyecto de ley, que se ha hecho con carácter de urgencia, apenas ha durado dos meses dentro de la Cámara Alta. Llegó desde el Congreso el 20 de diciembre de 2022. Después se presentaron enmiendas durante una semana y este 8 de febrero, el Senado devuelve el texto a la Cámara Baja para su aprobación definitiva tras la inclusión de algunas modificaciones.
Tras menos de dos meses, este 8 de febrero, el Senado devuelve el texto a la Cámara Baja para su aprobación definitiva tras la inclusión de algunas modificaciones
Entre las modificaciones más destacadas,resaltan el cambio que sufrió el texto tras lapolémica de Castilla y León que obligó al Gobierno a enviar un requerimiento a la Junta por los planes anunciados para "fomentar la natalidad". Los cambios añaden aeste proyecto de ley un apartado para evitar que la mujer "sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma".
Otra de las enmiedas aprobadas, ésta a propuesta de Compromis, pide garantizar "un acompañamiento a los progenitores y garantizar su salud mental en caso de muerte perinatal o gestacional". La enmienda se justifica porque es necesario garantizar que las personas que sufren una muerte perinatal o gestacional reciben asistencia en sus derechos y "son informados" de las diferentes opciones a las que tienen derecho ante la muerte de su hijo/a (historial clínico, ecografías, pruebas diagnósticas) así como que ambos progenitores reciban una asistencia que les permita afrontar el duelo velando por su salud mental que hasta el momento solo se garantiza a la mujer gestante.
Otra de las enmiendas aceptadas es la aceptación de las comunidades con lenguas oficiales ofrezcan la atención sanitaria a las mujeres en cualquiera de ella.
MENORES DE 16 AÑOS Y MÉDICOS NO OBJETORES
Una de las novedades es que se habilitará un “procedimiento urgente” en los casos en los que una menor de 16 años quiera abortar y no cuente con el consentimiento de sus representantes legales, los conflictos los resolverá una “autoridad judicial”. Así, será un juez el que dictamine, debiendo nombrar antes un defensor judicial para la menor con la intervención del Ministerio Fiscal.
Por otra parte, se ha añadido un nuevo artículo para garantizar la “no discriminación” del conjunto de los profesionales sanitarios. De forma particular, se evitará que los sanitarios no objetores “se vean relegados en exclusiva a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo”. Mientras, a aquellos que sí objeten también se protegerá mediante “medidas organizativas” con el fin de “evitar que sufran cualquier discriminación derivada de la objeción”.
Además, también se ha incorporado al texto una enmienda por la que se vetará la inclusión de un objetor de conciencia en los Comités Clínicos de Embarazo, aquellos que velarán por la seguridad de los procesos en los casos más críticos y que deberá haber al menos uno en cada comunidad autónoma. Estos órganos estarán compuestos por dos especialistas en Ginecología y Obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra aunque será la mujer quien decida uno de ellos.
Para la derecha del hemiciclo se trata de un proyecto de ley ideológico que no va a librar a España de que se sigan produciendo un elevado número de abortos.La senadora Patricia Rodríguez, del PP, ha tachado la reforma de innecesaria, inoportuna y precipitada, asegurando que el actual ejecutivo es “el Gobierno menos feminista" de la historia y el que "menos" protege a las mujeres. Por su parte ministra del ramo, Irene Montero, ha agradecido a la “mayoría progresista del Senado” la aprobación de la ley.