El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado por primera vez de la cantidad de hijos de padres españoles nacidos en el extranjero mediante el método de gestación subrogada, o también conocido como vientres de alquiler. Lo ha hecho tras responder, un año después, a una pregunta parlamentaria registrada por el PSOE en la que solicitaba dicha información.
Según los datos ofrecidos por el Gobierno, recogidos por El País, se realizaron un total de 979 nacimientos de bebés a través de esta práctica entre 2010 y 2016 en los consulados y otras oficinas diplomáticas españolas de 12 países. Estos países fueron, sin detallar la cantidad específica por cada uno de ellos, los siguientes: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, India, Nepal, México, Tailandia, Ucrania, Rusia, Grecia, Portugal y Sudáfrica.
Exteriores especifica que puede haber más casos al tener constancia del inicio de nuevos trámites en los países de origen, pero cuyas inscripciones se hayan realizado ya en España
Además, en la respuesta proporcionada por Exteriores a la formación socialista se especifica que, a esta cifra aportada, se podrían añadir más. Esto se debe a que tienen constancia de que se han iniciado nuevos trámites en los países de origen, pero las inscripciones se hayan realizado ya en España.
POSTURAS DE PSOE Y C’S
El PSOE ha mostrado en varias ocasiones su oposición a una futura regulación de la gestación subrogada. Esta técnica, que no está permitida actualmente en España, es vista por buena parte de la formación socialista como una “mercantilización de la mujer”. Así lo aseguró también a ConSalud.es la nueva secretaria de Sanidad del PSOE, Luisa Carcedo, quien apostaba por que fuese la ONU quien regulara este asunto en el marco de los derechos humanos como la prohibición del tráfico de órganos.
Por su parte, uno de los defensores que más han apostado por la regulación en España de la gestación subrogada ha sido Ciudadanos. De hecho, fue este grupo el que presentó un proyecto de ley para que esta fuese “altruista, prudente y garantista” con el fin de “evitar prácticas lucrativas y protegiendo al menor”. No obstante, además del PSOE, también se han posicionado en contra el PP y Unidos Podemos.