Pymes y atención a personas vulnerables, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo

Este pasado marzo se aprobó en el Consejo de Ministros la estrategia para el período 2023-2027

Seguridad y salud en el trabajo (Foto: Freepik)
18 agosto 2023 | 00:00 h

Uno de los ámbitos más importantes de la salud de la población es la prevención de los riesgos laborales en el trabajo. Es por ello que, desde el año 2007, se vienen desarrollando en nuestro país distintas estrategias de Seguridad y Salud en el Trabajo. De hecho, este pasado marzo, se aprobó en el Consejo de Ministros la estrategia para el período 2023-2027. Estas estrategias se elaboran además a través del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

Como se explica en esta última, los índices de incidencia de siniestralidad laboral en la última década han permanecido estables en todos los sectores. Algunos, eso sí, dada la naturaleza de su actividad, tienen tasas más altas o mayores riesgos. De ahí viene la importancia de la prevención y de contar con estándares normativos como estas estrategias, “garantizando en cualquier caso la protección de todas las personas trabajadoras por igual”, se explica desde el INSST.

E plan con el que contamos actualmente en España consta de seis objetivos. El primero de ellos es mejorar la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Según los últimos datos disponibles, en el 2021 se produjeron 2.810 accidentes de trabajo por cada 100.000 asalariados. Además, el sobreesfuerzo físico sigue siendo la principal causa. Si atendemos a la peor de las consecuencias, la mortalidad, el índice llega a los 3,28 accidentes por cada 100.000 trabajadores. Para mejorar estos datos se quiere investigar mejor las causas, aumentar la vigilancia y prevenir las enfermedades relacionadas con el trabajo, especialmente el cáncer de origen profesional.

Desde el año 2007, se vienen desarrollando en nuestro país distintas estrategias de Seguridad y Salud en el Trabajo

Otro de los objetivos de la estrategia es atender a los cambios de organización del trabajo con la evolución demográfica y el cambio climático. Estos cambios, como por ejemplo la digitalización, pueden ayudar a prevenir riesgos existentes, pero también a crear nuevos. Ejemplo de ello son los riesgos para la salud mental ante las exigencias de tareas que cada vez llevan implícita mayor carga mental. Un caso muy característico es de los profesionales sanitarios, en el que este tipo de problemas, como por ejemplo el 'burnout', tiene una prevalencia del 49%. Por ello una de las líneas de este objetivo sería el de tomar acciones especiales en cuanto a salud mental.

El tercero de los objetivos es centrarse más en la seguridad y salud de las pymes. No es para menos, ya que los datos alertan del 60% de los accidentes graves y mortales se materializan en empresas de hasta 25 trabajadores. Además, casi nueve de cada diez empresas pequeñas recurren a un servicio de prevención ajeno. La idiosincrasia de estas empresas dificulta la prevención, pues se trata de entidades con mayor limitación económica, en las que las personas suelen ser “multitarea”, o con excesiva carga administrativa. Para mejorar esta situación la estrategia plantea modifica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para que su cumplimiento por las empresas pequeñas sea más sencillo.

Por otro lado, se quiere también poner el foco en la protección de las personas trabajadoras en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad. El envejecimiento de la población se nota también en los puestos de trabajo, y es por ello que existen colectivos de trabajadores con mayor riesgo. Además, se quiere mejorar la protección de las personas trabajadoras jóvenes y menores de edad o para los autónomos. También se quiere poner el foco en los trabajadores y las trabajadoras del sector sanitario y sociosanitario, y del sector asistencial, que grandes tasas de siniestralidad. Dentro de los trabajadores vulnerables también se hace referencia a la mejora de la situación de personas con discapacidad o a los migrantes (temporeros).

En el 2021 se produjeron 2.810 accidentes de trabajo por cada 100.000 asalariados

El quinto de los objetivos viene de la mano de introducir la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Si bien en 2020 los varones presentaron un índice de incidencia de accidentes de trabajo 2,2 veces superior al de las mujeres, según los datos del INSST, “la incidencia de accidentes de trabajo es superior en las mujeres en determinadas ocupaciones o actividades”. Estos trabajos serían los servicios financieros, seguros, industria del tabaco, asistencia en establecimientos residenciales, educación y actividades de servicios sociales sin alojamiento. Por ello se quiere el marco normativo para integrar la perspectiva de género.

El último objetivo estaría relacionado con fortalecer el sistema nacional de seguridad y salud para afrontar con éxito futuras crisis. “Es necesario contar con un Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo”, se reclama, especialmente tras la emergencia mundial del coronavirus. Con este sistema, se implementarían mecanismos de coordinación institucional frente a futuras crisis, y se potenciará la Ponencia de Salud Laboral, órgano de coordinación técnica de las administraciones sanitarias, que reporta a la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

CÁNCER DE ORIGEN PROFESIONAL

Esta Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 también contempla el desarrollo de una Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de origen Profesional. Esta línea de trabajo recogerá la situación actual de las personas trabajadoras expuestas a cancerígenos laborales, para mejorar los instrumentos normativos y la vigilancia. La Agenda se alineará con los objetivos de la Estrategia de Cáncer del Sistema Nacional de Salud.

Se quiere además controlar y disminuir la exposición a factores de riesgo cancerígenos y mutágenos y conocer qué actividades son las más afectadas por agentes cancerígenos, y la cantidad de las personas trabajadoras expuestas en España.

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