El impacto derivado de la pandemia de la COVID-19 ha provocado que, en 2021, incrementasen las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo relacionadas con este asunto. Así se extrajo del 'Informe anual 2021'. No en vano, esta institución informó entonces que, en el citado año, recibió un total de 29.015 quejas de todos los asuntos. De ellas, el 8,2%, un total de 2.321 quejas, estuvieron relacionadas con actuaciones sanitarias.
El año 2022 parece situarse en la misma tendencia. El Alto Comisionado de las Cortes Generales, liderado por Ángel Gabilondo, está recibiendo un número significativo de quejas ligadas a la salud. Recientemente, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado que buscará el amparo del Defensor del Pueblo ante "el recorte del derecho fundamental a la protección de la salud por la dejación de responsabilidades por parte de los responsables políticos, tanto de las comunidades autónomas como del Gobierno central".
CSIF buscará el amparo del Defensor del Pueblo ante "el recorte del derecho fundamental a la protección de la salud por la dejación de responsabilidades por parte de los responsables políticos, tanto de las comunidades autónomas como del Gobierno central"
Sin embargo, no ha sido la única. A finales de agosto, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) pidió "la mayor celeridad posible" al Defensor del Pueblo para abrir una investigación sobre el funcionamiento de la Atención Primaria.
Tras la reunión mantenida el pasado mes de abril con la plataforma 'Salvemos la Atención Primaria', formada por 115 organizaciones sindicales, profesionales y sociales, el Defensor del Pueblo le remitió un escrito en el que revela que estaba "analizando la mejor manera de abordar una investigación general sobre el funcionamiento de la Atención Primaria, que permita detectar de la forma más acertada los problemas existentes y las soluciones que las Administraciones deberían adoptar".
DEMANDA URGENTE DE SALUD MENTAL
En paralelo, Ángel Gabilondo ha expresado este año que "hay que atender el lamento de una sociedad que demanda una salud mental urgente y prioritaria" y ha señalado que hay que abordar este "gran desafío social”, desde una perspectiva epidemiológica y poblacional y desde “la solidaridad y el compromiso de toda la sociedad”.
En este sentido, el Defensor del Pueblo solicitó en junio información a las mutuas de funcionarios sobre la demora "de meses" para recibir asistencia en el ámbito de la salud mental por parte de las entidades aseguradoras concertadas por las mutuas de funcionarios, según trasladó esta institución a CSIF. Precisamente, el sindicato reiteró en el Consejo General de Muface la necesidad de dotar de más financiación y abrir la posibilidad de que los mutualistas puedan cambiar de entidad o al Sistema Nacional de Salud varias veces al año.
RECORTES SANITARIOS EN MUTUAS
En abril CSIF, de la mano de los sindicatos policiales JUPOL y JUCIL, entregaron al Defensor del Pueblo "miles de quejas" por los recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios en MUFACE, de la Justicia (MUGEJU) y de las Fuerzas Armadas (ISFAS) en toda España.
Los funcionarios han entregado "miles de quejas" al Defensor del Pueblo por los recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios en MUFACE, de la Justicia (MUGEJU) y de las Fuerzas Armadas (ISFAS) en toda España
"Esto viene derivado de la infrafinanciación del modelo por parte del Gobierno. Las aseguradoras dicen que no tienen dinero suficiente y no pueden llegar a acuerdos con los grupos hospitalarios con los que antes tenían convenios. Con lo cual los pacientes que se atendían hasta ahora no pueden acudir a sus centros habituales", explicó el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra.