La falta de consenso ha sido un habitual en el Congreso de los Diputados en estos primeros meses del año. Si bien la Comisión de Sanidad ha dado luz verde a varias PNL en materia sanitaria en este semestre, lo cierto es que no se han aprobado iniciativas legislativas en este ámbito. Hasta el momento únicamente se ha aprobado la Ley de amnistía, y la semana pasada, in extremis, la ley de paridad y las leyes para agentes y bomberos forestales. Por el camino han quedado en tramitación otras muchas iniciativas legislativas sanitarias.
Ejemplo de ello es el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Esta es una de las principales leyes que han quedado en el tintero en lo que llevamos de año, y que se encuentra en estos momentos en periodo de enmiendas. Por el momento, no parece que la normativa vaya a ver la luz hasta después del verano, pues el plazo en el que los grupos pueden plantear sus enmiendas se ha establecido hasta el 9 de septiembre.
En cualquier caso, esta iniciativa, que fue presentada a finales de junio de este año, pretende mejorar el acceso y la igualdad dentro del sistema sanitario. Además, la ley va a obligar a introducir la evaluación del impacto en salud y sus determinantes en las Memorias del Análisis de Impacto Normativo (MAIN). Es decir, que cada normativa tendrá que llevar una memoria sobre cómo ha impactado a la salud de la población, sea cual sea su ámbito. También crea el Foro Abierto de Salud, que actuará como órgano asesor; y el Fondo de Garantía Asistencial, que regula las compensaciones por el desplazamiento de pacientes en el territorio nacional.
Ejemplo de ello es el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud
La segunda de las leyes que ha llegado al Congreso de los Diputados y que continúa en plazo de enmiendas es laLey de universalidad del Sistema Nacional de Salud. En este caso, la normativa fue presentada a mediados de mayo, y su plazo de enmiendas también se ha estirado hasta después del verano aunque fuese tramitada “de urgencia”. La ministra de Sanidad, Mónica García, explicó que “estamos firmemente comprometidos en defender nuestra sanidad y que nuestra sanidad no se venda al peor postor”.
Así, la ley establece una limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro. También va a incluir que se mejoren en los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada ya existentes en la actualidad.
También en los casos en los que ya exista una colaboración público-privada, la normativa va a hacer que sea más fácil revertir los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos. Finalmente, va a establecer “las prácticas de gestión pública que hagan capaz alinear la gestión del sistema sanitario público con los objetivos de salud de la sociedad española”.
La segunda de las leyes que ha llegado al Congreso de los Diputados y que continúa en plazo de enmiendas es la Ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud
Finalmente, tenemos una de las leyes sanitarias que más se ha estado demorando en los últimos años y que además ha estado ya en manos de varios ministros de Sanidad. Se trata de laLey por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Se presentó el 1 de febrero de este año, pero acumula ya una veintena de ampliaciones de enmiendas, siendo el último plazo el 4 de septiembre. Todo ello a pesar de tratarse de una iniciativa que se había tramitado “de urgencia”.
En el caso de esta ley, se han producido algunas desavenencias entre los grupos parlamentarios, pues, por ejemplo PNV o Junts presentaron enmiendasa la totalidad al entender que la entidad iba a suponer una invasión de competencias. Finalmente ambos grupos retiraron las enmiendas, aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo definitivo.
En cualquier caso, con esta ley lo que se pretende es “afrontar los riesgos y amenazas para la salud de los ciudadanos y mejorar la equidad en este ámbito”, se explicaba desde el Gobierno de España. "No es solamente una deuda pendiente con la salud pública, sino que además incorpora las lecciones aprendidas", decía la propia ministra sobre esta ley. Pese a ello, en este caso también tendremos que esperar hasta después del verano para que continúe la tramitación parlamentaria.