Las principales formaciones políticas de este país han mostrado, de manera unánime, su apoyo a la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ubicado en Estrasburgo (Francia), haya decidido no admitir a trámite la demanda que este colectivo puso contra la compañía farmacéutica Grünenthal debido al daño que les causó uno de sus fármacos.
Uno de los que más se han implicado ha sido Francisco Igea, portavoz de Ciudadanos, quien declaró que “es el momento que la política haga su trabajo”, lamentando además que “hay veces en las que el derecho no hace justicia y ésta es una de ellas”. Mientras, ha instado a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat a actuar con urgencia para poner en marcha el comité evaluador y el registro de afectados, con el objetivo de que en 2018 comiencen a recibir indemnizaciones económicas.
También se ha pronunciado al respecto Jesús María Fernández, portavoz del PSOE. Este diputado cree que la sentencia “no es un pronunciamiento sobre el fondo”, pero sí considera que Grünenthal “debería hacerse cargo de las responsabilidades que sin lugar a dudas tuvo sobre los afectados”. Para Fernández, el Ministerio de Sanidad debe exigir a la compañía que también aporte dinero al fondo estatal para las indemnizaciones.
Por último, se ha pronunciado sobre esta cuestión Teresa Angulo del Partido Popular, formación que sustenta al Gobierno. Angulo ha declarado que “respeta” la sentencia judicial aunque manifiesta que “evidentemente lamentamos que esto haya sido así”. Mientras ha defendido la actuación del Ministerio de Sanidad, también ha declarado que “la intención” es cumplir con lo acordado con Ciudadanos sobre esta cuestión y con la Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de Sanidad.
Igea, de Ciudadanos, ha exigido a Dolors Montserrat a actuar con urgencia porque "es el momento que la política haga su trabajo"
Así, los portavoces de Sanidad de estos partidos en el Congreso de los Diputados, en declaraciones realizadas a ConSalud.es, se han puesto del lado de los afectados y, en menor o mayor grado, han exigido al Ministerio de Sanidad que incremente su implicación en el asunto, ya que tras agotarse la vía judicial, sólo les queda la vía política para satisfacer sus reivindicaciones.Uno de los que más se han implicado ha sido Francisco Igea, portavoz de Ciudadanos, quien declaró que “es el momento que la política haga su trabajo”, lamentando además que “hay veces en las que el derecho no hace justicia y ésta es una de ellas”. Mientras, ha instado a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat a actuar con urgencia para poner en marcha el comité evaluador y el registro de afectados, con el objetivo de que en 2018 comiencen a recibir indemnizaciones económicas.
También se ha pronunciado al respecto Jesús María Fernández, portavoz del PSOE. Este diputado cree que la sentencia “no es un pronunciamiento sobre el fondo”, pero sí considera que Grünenthal “debería hacerse cargo de las responsabilidades que sin lugar a dudas tuvo sobre los afectados”. Para Fernández, el Ministerio de Sanidad debe exigir a la compañía que también aporte dinero al fondo estatal para las indemnizaciones.
El PP ha declarado que "la intención" es cumplir con lo acordado con Ciudadanos sobre esta cuestión y con la PNL aprobada en la Comisión de Sanidad
Por su parte, Marta Sibina, portavoz sanitaria de Unidos Podemos, ha lamentado que “parecía claro que la vía judicial no iba a dar sus frutos”. Por ello, esta política sugiere que la vía política es la “más prometedora” a este respecto, reclamando de esta manera que “si los juzgados dan la espalda a las víctimas, el Gobierno tendrá que dar respuesta a las necesidades de este colectivo”.Por último, se ha pronunciado sobre esta cuestión Teresa Angulo del Partido Popular, formación que sustenta al Gobierno. Angulo ha declarado que “respeta” la sentencia judicial aunque manifiesta que “evidentemente lamentamos que esto haya sido así”. Mientras ha defendido la actuación del Ministerio de Sanidad, también ha declarado que “la intención” es cumplir con lo acordado con Ciudadanos sobre esta cuestión y con la Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de Sanidad.