El envejecimiento progresivo de la población es una realidad que los sistemas sanitarios de todo el mundo deberán enfrentar, pues las nuevas necesidades de los pacientes más mayores y con patologías crónicas irán también en aumento. Según el informe de la OCDE sobre el panorama de la salud en los países que conforman la entidad, más de 242 millones de personas tenían 65 años o más en 2021. De todos ellos, más de 64 millones tenían al menos 80 años, cifra que se espera que siga creciendo.
Con este panorama, la necesidad de una inversión en cuidados de larga duración es más que evidente y es por ello que desde la OCDE se ha lanzado la pregunta de si estos cuidados son asequibles para los usuarios y sus sistemas. Lo cierto es que muchos países, incluido España, ofrecen servicios públicos en este sentido, pero, a pesar de ello, “los costes de bolsillo en algunos países pueden ser sustanciales, especialmente para aquellos con necesidades graves e ingresos bajos”.
Por ejemplo, pese a las prestaciones públicas, en 16 países una persona mayor con necesidades graves tendría que pagar más de la mitad de sus ingresos para costearse la atención domiciliaria, y España se encuentra entre estos países. Existen, no obstante, los casos contrarios: en Dinamarca, Canadá, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Malta y Bélgica, los gastos de bolsillo de las personas con necesidades graves en el hogar son inferiores al 10% del ingreso medio.
Tal y como explica la entidad europea, es cierto que las prestaciones públicas reducen los costes de estos cuidados. “Sin esos servicios, entre el 42% y el 95% de la población de edad avanzada con necesidades de cuidados de larga duración estaría en riesgo de pobreza debido a los altos costes”, comentan, pero esto depende en gran medida del país en cuestión.
Por ejemplo, Dinamarca, los Países Bajos y Finlandia reducen los riesgos de pobreza a través de los servicios y prestaciones públicas en más de un 70%. Pero en otros países, este porcentaje puede ser mucho menor. Es más, “cerca del 50% de las personas mayores con necesidades seguirían en riesgo de pobreza incluso después de recibir servicios y prestaciones públicas en la mitad de los países analizados en este informe”.
Esta situación hará que muchos países tengan que aumentar el presupuesto destinado a estos cuidados. Concretamente, se proyecta que la demanda de cuidados de larga duración aumentará en más de un tercio hasta 2050, con lo que los gastos actuales en toda la OCDE se multiplicarán por 2,5 para 2050.
El 50% de los mayores con necesidades seguirían en riesgo de pobreza incluso después de recibir atención pública
Con estos datos sobre la mesa, la OCDE ofrece algunas opciones para garantizar la sostenibilidad fiscal y al mismo tiempo abordar las necesidades de la población. En este sentido, proponen la opción de “buscar fuentesadicionales de financiación para los cuidados de larga duración”. Se ponen como ejemplo las colaboraciones con entidades privadas y los mecanismos de “prefinanciación” o seguros.
Igualmente, se propone mejorar la focalización de las prestaciones y los servicios, es decir, promover que éstos se dediquen a las personas con menos recursos. La entidad pone como ejemplo precisamente a nuestro país, donde “la focalización de los servicios públicos en las personas con mayores necesidades ha reducido la pobreza, mientras que los aumentos del gasto son mucho menores en comparación con las políticas centradas únicamente en la reducción de los costes directos”.
Finalmente, se pone sobre la mesa la necesidad de mejorar la eficiencia para contener los costes. “Tanto la promoción del envejecimiento saludable como las mejoras de la productividad podrían dar lugar a una reducción del 13% de los gastos en 2050”, explican. En este sentido, una mejora de la prevención y un uso de la tecnología más eficiente podrían ser las claves.