A inicios del mes de marzo se cumplió un año desde que el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, anunciara el contacto con las comunidades autónomas para plantear la transferencia de la sanidad penitenciaria. Desde entonces, no ha habido sonados avances al respecto. Tan sólo, peticiones de la oposición a que se actúe con urgencia y el traslado de la culpabilidad de Interior a las CC.AA.
A pesar de la parálisis y el bloqueo, los partidos continúan presentando iniciativas relacionadas con el asunto para intentar avanzar al respecto. La última medida la ha planteado Unidos Podemos, cuyo grupo confederal va a proponer este jueves en la Comisión de Interior del Senado la creación de una “ponencia de estudio sobre el traspaso de la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas”.
Desde Unidos Podemos en el Senado han solicitado un "cálculo del coste anual" de este servicio y el "diseño de una hoja de ruta calendarizada"
En su iniciativa, firmada por la senadora Maribel Mora, instan a analizar “las dificultades u obstáculos” que están impidiendo “el inmediato cumplimiento” de lo recogido por la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS. Esta norma daba 18 meses para que la sanidad penitenciaria fuese asumida por los servicios de salud autonómicos. Sin embargo, quince años después, sólo País Vasco y Cataluña la tienen.
Por otra parte, desde Unidos Podemos han solicitado un “cálculo del coste anual” de este servicio y el “diseño de una hoja de ruta calendarizada” que sirva de partida para la “deseada culminación del proceso en la presente legislatura”. El deseo de este grupo es que sea posible en “todas las CC.AA.”. Aunque si no es posible, esperan que “al menos” se ejecute en “aquellas que hayan manifestado su interés”.
Por último, reclaman la participación de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) y del Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria (SPSP). Y con los trabajos que se lleven a cabo, en los seis meses posteriores a la constitución de la ponencia, se eleven las recomendaciones a Gobierno y a las comunidades autónomas.
EL GOBIERNO, CONTRA LAS CC.AA.
El Ejecutivo insiste en que "no puede unilateralmente establecer un calendario, contenidos o previsiones" a menos que su voluntad confluya con el interés de las comunidades autonómas
Mientras, el Gobierno ha pasado la responsabilidad a las autonomías. En una reciente respuesta a Ciudadanos, aseguran que la Administración General del Estado ha ofrecido a cada región una negociación bilateral para proceder a dicho traspaso. Sin embargo, estas invitaciones han sido respondidas positivamente por “Castilla y León, Illes Balears, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón”. Aún así, con ninguna de ellas se ha ejecutado,
La posición del Ejecutivo central en este asunto es que por su parte “no puede unilateralmente establecer un calendario, contenidos o previsiones sobre el traspaso en materia penitenciaria” a menos que confluyan las dos voluntades: la estatal y la autonómica.