Hace apenas unas semanas, el Ministerio de Sanidad firmó el acuerdo de implantación de la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud (SNS) junto a siete comunidades autónomas y la Fundación Amancio Ortega. La donación de ésta de 280 millones de euros permitirá la compra de diez equipos de protonterapia que se instalarán en ocho provincias españolas. Ahora, tras la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se conocen todas las cláusulas.
Por un lado, está el papel que le corresponde al Ministerio de Sanidad. El departamento que lidera Carolina Darias coordinará todo el proceso pero, su principal labor será la adquisición de los equipos, “para el diagnóstico y simulación necesarios para la aplicación del tratamiento”.
Para adquirir los equipos, Sanidad tendrá en cuenta la "eficiencia", la "calidad" de los mismos, "los plazos de entrega" y "el coste de mantenimiento y calibrado futuro"
Para ello, se tendrá en cuenta “la eficiencia del coste de adquisición” así como “la calidad de los equipos y los plazos de entrega”. Además, se valorará “el coste de mantenimiento y calibrado futuro de los equipos”, de forma que se considerará “la potencial obtención de economías de escala”.
A continuación, Sanidad iniciará la tramitación de la cesión de la propiedad de los equipos y tras ello los pondrá a disposición de ellas. Aún así, el Ministerio constituirá “una comisión de gestión del proyecto”, con participación de las autonomías implicadas, para coordinarlo todo. En todo caso, apuntan que estas actuaciones quedarán “supeditadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos”.
CC.AA.: UN AÑO PARA PONERLOS EN FUNCIONAMIENTO
Por su parte, a las comunidades autónomas les corresponde “determinar los centros sanitarios públicos en los que se ubicarán sus unidades de protonterapia” dentro de las ochoprovincias acordadas: Bizkaia (País Vasco), Barcelona (Cataluña), A Coruña (Galicia), Sevilla y Málaga (Andalucía), Valencia (Comunidad Valenciana), Gran Canaria (Canarias) y Madrid (Comunidad de Madrid).
Igualmente, las consejeríasdeSalud deberán presentar “un proyectodeimplantación de las unidades de protonterapia”, en el plazo máximo de 30 días desde el registro del presente Convenio. En él, deberán especificar “la superficie de ubicación definitiva, las obras necesarias a realizar para su implantación (programa funcional y plano de la unidad), el equipo de profesionales con los que va a contar, el equipamiento de soporte para la planificación, el sistema de derivación de los pacientes a la unidad, un cronograma de las actuaciones y el compromiso de cumplimiento de los plazos establecidos en el mismo para su puesta en funcionamiento”.
Las CC.AA. asumirán los pacientes que procedan de otras provincias y regiones y deberán realizar un plan de formación "con suficiente antelación y detalle" para los profesionales
Asimismo, las autonomías deben comprometerse a “asumir la inversión necesaria” para poner en marcha cada unidad; despegar los recursos humanos necesarios; realizar un “plan de formación con suficiente antelación y detalle”; hacerse cargo del mantenimiento de los equipos; asumir los pacientes que procedan de otras provincias y comunidades autónomas; cumplir con los plazos establecidos; y poner en funcionamiento los equipos “en un plazo no superior a 12 meses” desde su entrega.
LA FUNDACIÓN PODRÁ DONAR EL DINERO SOBRANTE
Mientras, a la Fundación Amancio Ortega Gaona le corresponde la “financiación” de los equipos a través de una donación “por una cantidad máxima de 280 millones de euros”, de forma que cada equipo costará “una cantidad máxima de 28 millones de euros”. El coste incluirá tanto el equipo como “el equipo de dosimetría, el equipo de cámaras y el servicio de formación del personal clínico”.
La Fundación podrá donar únicamente el precio de adquisición o emplear el sobrante hasta la cantidad máxima comprometida para "atender otras actuaciones complementarias"
En caso de que el precio fijado para adquirir los equipos sea inferior a la cantidad máxima, la Fundación “podrá optar por donar únicamente el citado precio de adquisición o bien emplear el resto hasta la cantidad máxima comprometida a atender otras actuaciones complementarias propuestas por el Ministerio de Sanidad y aceptadas por aquella”, en el seno de la Comisión de Seguimiento creada.
En esta ComisióndeSeguimiento habrá dos representantes de la Fundación y otros dos designados por el Ministerio de Sanidad. Uno de ellos, será propuesto por las comunidades autónomas. Inicialmente, se reunirán con periodicidad mensual y en los encuentros se realizará “un informe mensual describiendo todas las tareas realizadas durante el mes anterior y el grado de avance del Convenio”. De los acuerdos se levantarán las correspondientes actas.