El Consejo de Ministros aprobó este martes el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Después de garantizar la asistencia sanitaria y social a los desplazados con motivo de este conflicto perpetrado por Rusia, el Gobierno ha impulsado un Real-Decreto-ley con medidas que movilizarán 16.000 millones de euros, en ayudas y rebajas fiscales y en créditos ICO.
En líneas generales, el plan no afecta especialmente al ámbitosanitario, ya que se centra en sectores que se están viendo más perjudicados por el alza de precios de los carburantes como la agricultura, la ganadería, la pesca o la industria. Sin embargo, la norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incorpora ayudas concretas que en algunos casos sí benefician a la atención sanitaria.
Según el texto del RD-Ley, se ha aprobado una línea de ayudas directas “a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes”, cuyo importe total ascenderá a los 450 millones de euros. Entre ellos, el Gobierno sitúa como beneficiarios al “servicio de transporte sanitario de personas”, es decir, las ambulancias.
El RD-Ley sitúa como beneficiarios de las ayudas al servicio de transporte sanitario de personas con 500 euros por ambulancia
En concreto, este desembolso económico supondrá ayudas de 500 euros por ambulancias. Al margen del sector sanitario, se conceden ayudas al transporte de mercancías y de pasajeros como los 1.250 euros por camión, 900 euros por autobús, 500 euros por furgonetas y 300 euros por vehículo ligero (taxis y VTC).
En todo caso, la norma aprobada detalla que serán beneficiarios de estas ayudas “los trabajadores autónomos y sociedades con personalidad jurídica propia legalmente constituidas en España, que no formen parte del sector público (…) y que a fecha de 29 de marzo de 2022 se encuentren de alta en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte”.
Atendiendo a la letra pequeña del RD-Ley publicado en el BOE, se indica que para acceder a las ayudas debe presentarse una solicitud en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en un plazo que “finalizará el 30 de abril de 2022”. Mientras, si pasa otro mes desde que haya finalizado el plazo y no se ha efectuado el pago, el Gobierno apunta que “la solicitud podrá entenderse desestimada”. Contra esta decisión, podrá ponerse recurso de reposición.
SIN MENCIÓN A PACIENTES ELECTRODEPENDIENTES
En las medidas incluidas en el Plan de choque, sin embargo, no se atiende de forma específica a las reivindicaciones planteadas recientemente por los pacientes crónicos que son electrodependientes. Según explicaba a ConSalud.es la presidenta de la Plataforma de Pacientes (POP), Carolina Escobar, hay pacientes “que se realizan la diálisis en casa, o que tienen hipertensión pulmonar o EPOC y precisan de máquinas”.
Pacientes crónicos electrodependientes se quejan de no tener un marco legal que les proteja ante la subida del precio de la luz
Escobar advertía en esta línea que mientras sube el precio de luz “todos esos dispositivos tienen suministroeléctrico, lo que supone un mayor gasto”. Al mismo tiempo, mencionaba que la subida del precio de los carburantes les supone “una mayor vulnerabilidad a aquellos que tenemos movilidad reducida”. Así, denunciaba la situación de estos pacientes por vivir “en la invisibilidad total” y no tener “un marco legal que nos proteja”.
En su lugar, para rebajar los precios energéticos y “reforzar la protección de los consumidores”, el Gobierno mantendrá las rebajasfiscales generales en el recibo de la luz hasta el 30 de junio: reducción del IVA al 10%, del Impuesto de la Electricidad al 0,5% y suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Se prorroga también el límite al crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para hogares y pymes en las próximas revisiones.
OTRAS MEDIDAS APROBADAS
El Real Decreto-ley aprobado incluye, por otra parte, una rebaja de 0,20 euros por litro de combustible repostado al conjunto de la sociedad. También se limita la actualización de los alquileres, impidiendo subidas superiores al 2% y hasta el próximo 30 de junio. Igualmente, se incrementa un 15% durante tres meses el importe económico a las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital y se amplía el número de personas que se benefician del bono social eléctrico.
Mientras, en el ámbitolaboral se fija que el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido “en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas” previstas en la norma aprobada. Del mismo modo, tampoco podrán utilizar estas causas para realizar despidos las empresas que se acojan a los ERTE.