Fuentes cercanas al Ministerio de Sanidad muestran su incomodidad por la gestión del llamado “Plan para Proteger al Paciente de Pseudoterapias”. Antes del mes de marzo está previsto que se conozcan las conclusiones del informe que está realizando la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (REDETS) y consideran que hay tres “puntos débiles” en el procedimiento: la posible “parcialidad” de los evaluadores, la metodología seleccionada y un posible conflicto legal.
En primer lugar, respecto a los expertos reclutados por el Ministerio, este grupo de trabajo no se ha presentado de manera pública y oficial. Algunos de ellos que comentan informalmente e incluso en redes sociales formar parte de este grupo, ya se han declarado abiertamente contrarios a las terapias que están analizando. En los últimos días algunos de ellos han realizado valoraciones subjetivas, incluso descalificaciones, sobre las terapias naturales y complementarias; lo que podría llegar a suponer un conflicto de intereses y un descrédito para la imagen del Ministerio.
Lo delicado es que se derivara en un conflicto legal con algunas de las terapias que se están analizando
En cuanto a la metodología, creen que se ha ido a una fórmula de “mínimos” dejando fuera diferentes tipologías de estudio adaptadas a las terapéuticas que se están analizando. Así, aunque en la práctica clínica hay numerosas publicaciones y evidencias científicas que avalan la utilidad de estas terapias en la salud y bienestar de los pacientes, estos datos no se están teniendo en cuenta.El criterio de selección de información que están siguiendo los evaluadores, y que se ha hecho público por el Ministerio en algunas instancias, incluye estudios con el diseño de ensayos clínicos controlados y aleatorizados o revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, publicados en los últimos cinco años en revistas indexadas, en los idiomas español, inglés o francés.
Lo “delicado” del punto anterior, señalan dichas fuentes, es que derivara en un conflicto legal con algunas de las terapias que se están analizando, ya que según la legislación en el RD 1277/2003 la acupuntura, homeopatía y medicina natural se incluyeron dentro del Plan de Terapias Naturales. No parece razonable que ahora se cuestione estas terapéuticas cuando ya hay una legislación que las regula de manera formal y cuando son terapias avaladas por la Organización Mundial de la Salud en su Estrategia sobre medicina tradicional 2014-2023 (pág.57).
Lo que podría conducir a que algo que se supone de tanta relevancia, según las molestias que se ha tomado la anterior Ministra para ello, se despache de una forma tan opaca como esta.