El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprueba este miércoles el Plan de Acción de Salud Mental para el periodo 2022-2024. Enmarcado en el desarrollo de la Estrategia de Salud Mental, este documento servirá para dar respuesta a las consecuencias más urgentes derivadas de la pandemia del Covid-19 sobre la salud mental de la población española.
Uno de los aspectos más relevantes que incorpora este plan, al que ha tenido acceso ConSalud.es, es el relativo a la financiación. Sin embargo, el texto deja dudas sobre si la dotación económica prevista se ejecutará finalmente ya que está ligada a que cada año se aprueben los respectivos Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Tal y como anunció Pedro Sánchez, se ha previsto la dotación de 100 millones de euros para los próximos tres años, de los que “aproximadamente el 80%” se distribuirán a las comunidades autónomas. Para este 2022 se han reservado 30 millones de euros, de modo que las autonomías recibirán 24 millones.
El Plan subraya que “las partidas presupuestarias de los años 2023 y 2024 tendrán que ser previamente aprobadas en los PGE del ejercicio presupuestario correspondiente”
Sin embargo, como subraya el documento, “las partidas presupuestarias de los años 2023 y 2024 tendrán que ser previamente aprobadas en los PGE del ejercicio presupuestario correspondiente”. A pesar de ser esta cuestión algo normal, el contexto político invita a la incertidumbre, ya que a finales de 2023 está prevista la convocatoria de eleccionesgenerales. Tras ellas, deberá conformarse un Gobierno, diseñarse unos presupuestos y ser aprobados por las Cortes.
Más allá de esta relevante concreción, el Plan distingue las acciones que serán financiadas tanto por el Ministerio de Sanidad, como por las comunidades autónomas y por ambos organismos. Estas medidas se basan en seis líneas estratégicas, pero debido al reparto de competencias del Estado, se resalta en el texto que las acciones “deberán ser consensuadas con las CC.AA. y sometidas al CISNS para la aprobación de su financiación”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, Carolina Darias ha destacado que el Plan "pone a las personas con problemas de salud mental en el centro" de las actuaciones al considerarlas como "sujetos de derecho, con particiación en la toma de decisiones y con un enfoque de género". Según ha defendido, la atención a estas personas "es una prioridad" para el Gobierno.
FINANCIACIÓN DE GOBIERNO Y CC.AA.
Entre las acciones que serán financiables por el Ministerio de Sanidad destacan la disposición de “un presupuestofinalista” para la “implantación efectiva” del Plan y la planificación de la oferta de Formación Sanitaria Especializada (FSE) de las especialidades de psiquiatría, psiquiatría infantil y de la adolescencia, psicología clínica y enfermería de salud mental.
Por otro lado, apuestan por estudiar “la actualización de la cartera común de servicios de salud mental” en el ámbito de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación (CPAF). Igualmente, proponen crear un grupo de trabajo “multidisciplinar e intersectorial” con el fin de “identificar acciones prioritarias” a desarrollar en contextos de mayor vulnerabilidad, especialmente en la infancia y la adolescencia.
Sanidad se compromete a planificar la oferta de FSE de las especialidades relacionadas con la salud mental y las CC.AA. a crear las vacantes y la estabilidad en las unidades de salud mental
En materia de sensibilización, se comprometen a realizar campañas de promoción de la salud mental, centradas en “la lucha contra el estigma y la prevención de la conducta suicida”. En este apartado, mencionan el ya creado teléfono 024 de ayuda a la conducta suicida, el cual está configurado para “la derivación rápida a los servicios de emergencia” si la situación lo requiere.
Mientras, las comunidadesautónomas podrán crear las vacantes necesarias y fomentar la contratación estable en los centros sanitarios o unidades de salud mental. También deberán evaluar y adecuar sus necesidades en materia de recursos humanos en base a “criterios poblacionales y epidemiológicos, la cartera de servicios y la presión asistencial”. Además, deberán reforzar estos servicios a nivel comunitario y disponer de un “presupuestofinalista en las Consejerías de Sanidad” para este plan.
ACCIONES CO-FINANCIABLES
El documento que se aprueba este miércoles contempla mayor volumen de actuaciones que serán financiadas de forma conjunta por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Por ejemplo, ambas deberán “impulsar la transformación digital de los servicios de salud mental, tanto para la atención a los pacientes como para apoyo a profesionales” e implementarán las recomendaciones de “no hacer” en salud mental recomendado por las sociedades científicas.
Sanidad y CC.AA. se comprometen a “priorizar la implantación de programas de prevención de adicciones con y sin sustancias que hayan demostrado efectividad
Todas las partes deberán coordinarse para “trabajar en salud comunitaria, promoción de la salud y prevención entre Salud Mental y Atención Primaria, en las diferentes CC.AA.”. Asimismo, se fijarán mecanismos “para prevenir las restriccionesinvoluntarias en pacientes con problemas de salud mental”.
Por otro lado, deben desarrollar el código de riesgo de suicidio en cada autonomía, así como agilizar el acceso a los servicios de salud mental de las personas con conducta suicida o enfocarse en las personas y colectivos más vulnerables: profesionales socio-sanitarios, personas mayores o población infanto-juvenil.
Finalmente, Sanidad y CC.AA. se comprometen a “priorizar la implantación de programas de prevención de adicciones con y sin sustancias que hayan demostrado efectividad y para evaluar la efectividad de los ya existentes”. También se darán más recurso a las Comisiones de drogas y adicciones autonómicas y se colaborará con las entidades sin ánimo de lucro para adaptar los programas de prevención de adicciones.