Hace unas semanas, el Ministerio de Sanidad daba a conocer las recomendaciones que ha enviado a las consejerías sanitarias de las distintas comunidades autónomas y que servían como pautas sobre la aplicación del Real Decreto-ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS). Se trata de un documento en el que se especifican una serie de requisitos, que han sido rechazados por Unidas Podemos.
En una pregunta al Gobierno, la diputada Eva García Sempere critica que dichas recomendaciones “no desarrollan las excepciones que son necesarias en determinadas situaciones”. Asimismo, desde este grupo confederal aseguran que el texto compartido por el Ministerio de Sanidad no hace mención a algunas disposiciones que sí quedaban marcadas en el RD, por lo que cree que están dando paso a “situaciones de vulnerabilidad”.
García Sempere critica que en las recomendaciones "se ha eliminado la referencia al procedimiento especial que incluía la elaboración de un informe social favorable cuando existían dificultades para la justificación de los requisitos"
Por ejemplo, la diputada de Izquierda Unida cita que el RD 7/2018 muestra la “necesidad de mostrar un periodo de residencia superior a 90 días en el territorio español para poder acceder al sistema sanitario público”. Lo que daría lugar, según este grupo, a “situaciones de exclusión sanitaria que afecta a mujeres embarazadas, menores, personas con enfermedades crónicas y mujeres en situación de trata”.
De la misma forma, Unidas Podemos menciona que en las recomendaciones del Ministerio “se ha eliminado cualquier referencia al procedimiento especial que incluía la elaboración de un informe social favorable cuando existían dificultades para la justificación de los requisitos”. Así quedaba especificado en el punto 3 del artículo 3 ter. del mencionado RD.
En el documento, expresa que las pautas fijadas por Sanidad “establecen un procedimiento largo y complejo para recibir asistencia sanitaria”. Y según esta diputada, este método deja “desprotegidas a las personas durante el proceso” ya que se precisa que “se procederá a la facturación de la asistencia recibida con anterioridad en caso de que se desestime la solicitud”. Dichas circunstancias dejarían, según García Sempere, “en situación de completa vulnerabilidad a las personas con más difícil acceso”.
BATERÍA DE PREGUNTAS
Por todos estos motivos, Unidas Podemos ha registrado una batería de preguntas para que el Ministerio de Sanidad responda por escrito. Por ejemplo, el grupo confederal quiere saber si el Gobierno considera “que se está cumpliendo el acceso universal al sistema de salud público” y cuestiona por las medidas que prevé “para subsanar la exclusión sanitaria” de las personas que pueden acreditar tres meses de residencia “y tienen una enfermedad crónica grave o problemas de salud mental”.
Además, preguntan por el procedimiento que tienen que seguir los solicitantes de asilo o el mecanismo que hay que seguir “para desarrollar el informe social favorable” indicado en el RD. También reclaman una contestación sobre cómo prevé el Gobierno “atender a las mujeres embarazadas y menores” que no pueden acreditar los tres meses de residencia o “cómo justifica las facturaciones que se están realizando en las urgencias de los hospitales”.