Las víctimas del amianto en España pueden acabar esta semana con una importante noticia. Después de décadas de reclamaciones, y miles de fallecidos en nuestro país por la exposición a esta sustancia cancerígena, podrían estar más cerca que nunca de contar con un fondo de compensación económica que les remedie en parte por los daños causados.
Este miércoles, 13 de julio, se reúne la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados para debatir sobre la Proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Se trata de un pleno decisivo ya que si el texto propuesto es aprobado, se remitirá al Senado para continuar su tramitación.
Del fondo se beneficiarán los trabajadores expuestos al amianto, así como las víctimas domésticas o familiares y también las ambientales
La Proposición de Ley tiene su origen en la iniciativa enviada al Congreso por el Parlamento Vasco. Tras ello, ha sido necesaria una negociación entre varios grupos parlamentarios (Unidas Podemos, PNV y EH Bildu, entre otros) con el PSOE para que el fondo ofrezca soluciones a las peticiones planteadas por las asociaciones de víctimas y que no se “desvirtúe” de la propuesta original.
Finalmente, en una reciente negociación se ha llegado a un acuerdo, al que tuvo acceso ConSalud.es, para crear este mecanismo en los próximos meses. Gracias a él, y una vez sea aprobado el texto en el Congreso, pasarán tres meses hasta que la Ley que creará el Fondo se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Cuando eso ocurra, a los 20 días entrará en vigor.
VÍCTIMAS LABORALES, AMBIENTALES Y DOMÉSTICAS
Junto a estos plazos, el acuerdo firmado contempla importantes novedades. Una de ellas es que no sólo se beneficiarán del Fondo los trabajadores afectados por su exposición al amianto sino que también tendrá en cuenta a las víctimas domésticas o familiares, que han podido verse afectadas por tareas como el lavado de ropa, o las víctimas ambientales.
La financiación del Fondo estará garantizada anualmente en los PGE con las “consignaciones o transferencias que se determinen cada año”
A estas personas, y así lo recogerá la Ley, se les compensará con “la reparación íntegra de los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una exposición al amianto padecidos por toda persona en su ámbito laboral, doméstico o ambiental en España, así como a aquellos causahabientes que dependieran económicamente del causante”.
De forma específica, la norma contempla que se compensará a quienes tengan el “reconocimiento de una enfermedad ocasionada por el amianto”, a quienes no se les reconozca como “enfermedad profesional” pero que hayan demostrado que “su causa principal o coadyuvante haya sido su exposición”, y a las “personas causahabientes” de los anteriores beneficiarios de los que “dependieran económicamente”.
PARTIDAS EN LOS PGE Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Otro aspecto relevante del acuerdo, que fue motivo de discusión entre los socios de Gobierno, es el asunto relacionado con la financiación del Fondo. Según lo pactado, este mecanismo estará garantizado anualmente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con las “consignaciones o transferencias que se determinen cada año” y con las cantidades obtenidas “por subrogación” de los afectados “en vía judicial”.
El Fondo de compensación dependerá del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y no del Imserso, como planteaba el Gobierno
Al mismo tiempo, contará con los recursos derivados de las “aportaciones provenientes de las sanciones impuestas por la autoridad laboral correspondiente, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales relacionada con el amianto” y por las “rentas o frutos del propio Estado”.
Por otra parte, será finalmente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el órgano del que dependa la ejecución del Fondo, y no el Imserso, como planteaba el Gobierno. Igualmente, se creará una Comisión de seguimiento, adscrita al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ayudará en “la mejora de la respuesta en la protección de las personas expuestas y sus familiares”.
Esta Comisión de seguimiento estará compuesta "por representantes de la Administración General del Estado, de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, estatales, autonómicas, entidades y expertos de reconocido prestigio de la comunidad científica conocedores de las consecuencias y patologías derivadas del amianto y de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto”.