El Gobierno tiene previsto presentar a lo largo de la legislatura un baremo de indemnizaciones de los daños y perjuicios sobrevenidos de la actividad sanitaria. Por ello promoverá su aprobación, de acuerdo con los grupos parlamentarios, puesto que el instrumento que lo incorpore al ordenamiento jurídico interno deberá tener rango de ley.

Además, el Ejecutivo asegura que para este baremo contará con la participación y el informe de los colegios profesionales y de las asociaciones de pacientes. Así lo asegura en una respuesta escrita del grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.

Sobre este baremo se ha trabajado en numerosas ocasiones y los médicos han considerado necesario establecerlo cuanto antes para que haya unas unificaciones de criterios y que la indemnización no esté supeditada a la interpretación del juez. Hoy en día, ante la ausencia de estas medidas, abogados, peritos y médicos forenses calculan las indemnizaciones en casos de negligencia médica basándose en el baremo de los accidentes de tráfico. Pero esta supone para los profesionales de la salud una situación de inestabilidad, pues no toma en cuenta alrededor de 111 casos de mala praxis y establece sanciones desproporcionadas.

Según datos de la OCDE, el 15 % del gasto de la actividad hospitalaria en los países desarrollados está relacionado con errores y daños relacionados con la asistencia sanitaria

Según el último informe elaborado por el Ministerio de Sanidad, el Estudio Eneas de 2006, la incidencia estimada de pacientes con efectos adversos ligados a la hospitalización fue del 9,3 %, mientras que el riesgo de sufrir un evento adverso en unidades de cuidados intensivos llegaba hasta el 40 %. Por otro lado, según datos de la OCDE, el 15 % del gasto de la actividad hospitalaria en los países desarrollados está relacionado con errores y daños relacionados con la asistencia sanitaria.