El Grupo Parlamentario Socialistaha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que reclama al Gobierno que, en el plazo máximo de seis meses, lleve a cabo una evaluación y actualización de la estrategia de salud sexual y reproductiva, en colaboración con las comunidades autónomas, sociedades científicas, profesionales y organizaciones sociales. Asimismo, los socialistas piden que “se desarrolle y se dote presupuestariamente”, poniendo especial énfasis “en las necesidades de personas con circunstancias vitales especiales o en situación de vulnerabilidad” (adolescentes, personas con discapacidad, población LGTBI, inmigrantes, víctimas de violencia sexual, etc…)
La iniciativa contempla también “dotar presupuestariamente y recuperar el Observatorio de la Salud de las Mujeres, para abordar las desigualdades en salud por razón de género, promoviendo el enfoque de género y la equidad en las políticas públicas de salud”.
Igualmente, el PSOE quiere que se “revisen los criterios de prescripción, seguridad y precio de los nuevos medicamentos anticonceptivos con beneficios añadidos, con el objeto de su incorporación o reincorporación a la financiación con cargo al Sistema Nacional de Salud”. Finalmente, se propone realizar “una encuesta sobre salud y hábitos sexuales en España que proporcione información a nivel nacional sobre el estado de salud sexual de la población española, introduciendo en la misma un enfoque de género”.
La portavoz adjunta de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Miriam Alconchel, denuncia “el gran abandono por parte del Gobierno del PP” en esta materia, la “falta de presupuesto” y las “deficiencias y desigualdades en materia de salud sexual y reproductiva en nuestro país”, que evidencian el “impacto en la salud de los recortes llevados a cabo por el Gobierno del PP en sanidad”.
"Es fundamental marcar las líneas que deben desarrollarse por todas las administraciones públicas en relación con los derechos sexuales y reproductivos, partiendo de la premisa básica de la equidad en el acceso a todos los recursos y servicios públicos dentro del territorio nacional”
Recuerda que la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva fue aprobada por el CISNS en octubre de 2010 y “transcurridos 7 años desde su aprobación, no ha sido renovada”; como tampoco “se han llevado a cabo las evaluaciones bienales ni el informe anual de situación previsto en la Ley, de Salud Sexual y Reproductiva de cara a formular propuesta de mejora en equidad y accesibilidad de las prestaciones, y con el fin de verificar la aplicación efectiva de los derecho y prestaciones reconocidas por esta Ley en todo el Sistema Nacional de Salud”.
Para la diputada socialista, es fundamental “marcar las líneas que deben desarrollarse por todas las administraciones públicas en relación con los derechos sexuales y reproductivos, partiendo de la premisa básica de la equidad en el acceso a todos los recursos y servicios públicos dentro del territorio nacional”.
Entre otras cuestiones, los socialistas constatan “las grandes diferencias territoriales en el acceso a la práctica de la interrupción legal del embarazo dentro de la sanidad pública”, al acceso a las técnicas de reproducción asistida, las “limitaciones en el acceso a anticonceptivos y la falta de financiación de los mismos”, o la falta de planes de prevención, de educación sexual o de campañas de promoción de la salud en este ámbito. También denuncian “el abandono en el que se encuentran las mujeres inmigrantes en situación irregular a las que la reforma sanitaria del PP dejó fuera del sistema de salud y excluidas también por tanto en materia de salud sexual y reproductiva”.