El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una moción en el Senado para su debate en la Comisión de Función Pública en la que instan al Gobierno a garantiza, a través de un Decreto-ley, que a partir del 1 de enero se cumpla con la subida salarial pactada con los empleados públicos, entre los que se encuentran los profesionales sanitarios, aunque no haya acuerdo presupuestario para el 2019.
En el texto, los populares recuerdan que el anterior Ejecutivo llegó a un acuerdo con los sindicatos para que la subida salarial fuera progresiva. Así se fijó un incremento fijo para 2019 del 2,25%, más uno variable en función del crecimiento del PIB: si éste crecía igual o superior al 2,5%, sería de un 0,25% adicional.
PP: "No podemos permitir que se mantenga esta incertidumbre y preocupación por parte de los funcionarios públicos"
Desde el PP subrayan que la moción de censura con la que el PSOE ha logrado llegar al Gobierno ha abierto “una brecha de incertidumbre en el cumplimiento de lo pactado”. En este sentido, defienden que “no podemos permitir que se mantenga esta incertidumbre y preocupación por parte de los funcionarios públicos, máxime cuando este acuerdo fue fruto de la recuperación económica lograda gracias a las medidas adoptadas por el anterior Gobierno”.
Además de estas cuestiones, los senadores populares exigen al actual Ejecutivo a “seguir mejorando en general las condiciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas, tal y como se acordó con el anterior Gobierno” y “destinar el 0,25% de la masa salarial para fondos adicionales”.
LOS SINDICATOS TAMBIÉN LO RECLAMAN
Recientemente, representantes del PP en el Senado han mantenido una reunión con el presidente de CSIF, Miguel Borra. Desde el sindicato han trasladado a los populares su “preocupación” debido al “retraso que se está produciendo en el desarrollo de las ofertas de empleo público y la incertidumbre sobre la subida salarial, ante la ausencia de proyecto de Presupuestos para el próximo año”.
En este contexto, CSIF ha reclamado a Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública, “que no utilice al colectivo de empleados públicos como rehenes en la negociación de los presupuestos con las diferentes fuerzas políticas”. Así, le han exigido que aplique “por decreto” la subida del 2,25% “ante el inminente cierre de ejercicio presupuestario y la ausencia de cuentas para el próximo año”.