Los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos en el Congreso han presentado una Proposición no de Ley (PNL) cada uno con un denominador común: exigen al Gobierno de coalición que no ceda las competencias del MIR sanitario a Cataluña. Ambas formaciones han reclamado que blinden este sistema y que sea el Estado que mantenga las competencias sobre la Formación Sanitaria Especializada (FSE).
En el texto de la formación naranja instan al Ejecutivo central que se mantengan firmes “como garantía para preservar los estándares de excelencia de la formación especializada en el ámbito de las Ciencias de la Salud y su acceso en igualdad de condiciones en toda España, rechazando cualquier pretensión de transferencia de estas competencias por intereses políticos hacia las Comunidades Autónomas”.
Según José Ignacio Echániz, del PP, "Pedro Sánchez continúa pagando el precio de la investidura con los independentistas, también en Sanidad"
Del mismo modo, el PP ha reclamado que se avance en la “consolidación y el desarrollo del modelo de formación sanitaria especializada en el Sistema Nacional de Salud”. El diputado José Ignacio Echániz ha criticado que con la posible cesión “Pedro Sánchez continúa pagando el precio de la investidura con los independentistas, también en Sanidad”.
EN EL ACUERDO PSOE-PODEMOS
Cabe recordar que esta probable actuación está recogida en el acuerdo de “coalición progresista” alcanzado recientemente entre PSOE y Unidas Podemos. En el punto 9.4, indican que “traspasaremos a la Generalitat aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el Estatut de Cataluña en materias como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional”.
Ciudadanos teme que si se consuma la transferencia, la Generalitat puede "establecer requisitos lingüísticos de conocimiento del catalán" y con ello "excluir a todos los aspirantes castellanohablantes"
Desde Ciudadanos, sin embargo, insisten en que la Constitución Española indica que las competencias de coordinación general de la sanidad y la de homologación de títulos académicos, que son “exclusivas” del Estado “son, precisamente, las que configuran el desarrollo de la formación sanitaria especializada exclusivamente por parte del Estado”. Si se consumara la transferencia, apuntan desde la formación naranja, podrían darse “notables diferencias” con las restantes autonomías.
En concreto, se aventuran a decir que “cabe esperar que pretendan utilizar estas competencias para establecer requisitos lingüísticos de conocimiento del catalán, sea en las pruebas selectivas o en el contenido de la programación formativa, cuya finalidad sea en el fondo la de excluir en la práctica a todos los aspirantes castellanohablantes”.