Luz verde al RDL que regula la protección de datos en sanidad

El Congreso ha convalidado el Real Decreto–ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Dolores Delgado, ministra de Justicia
Dolores Delgado, ministra de Justicia
CS
6 septiembre 2018 | 17:45 h

Después de que el pasado 30 de agosto se publicase el Real Decreto-Ley (RDL) 5/2018 de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, previa aprobación del Consejo de Ministerios, la homologación de la normativa europea da este jueves un paso más. Y es que el Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el RD con 339 votos a favor, ningún voto en contra y 2 abstenciones.

En concreto se adapta el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016, que deroga la Directiva 95/46/CE, y cuyas modificaciones ya están siendo aplicadas desde el pasado 25 de mayo.

En este sentido, cabe recordar que el sector sanitario desde los sistemas organizativos de hospitales y farmacias hasta la investigación científica requiere del uso de datos sensibles de pacientes para llevar a cabo su labor.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el RD con 339 votos a favor

Los cambios que afectarán a todos los ámbitos, incluidos la sanidad, hará que con dicha europea se desplacen varias disposiciones del derecho interno como gran parte de los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo. Además, la norma europea remite a los Estados miembro el desarrollo de hasta 56 cuestiones que, en el caso de España, se realizan con este RD.

La adaptación del marco normativo interno al Reglamento General de Protección de Datos europeo arrancó el pasado 10 de noviembre de 2017 y supuso la aprobación de un proyecto de ley orgánica, remitido a las Cortes Generales, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria. Aun así, el Gobierno de Pedro Sánchez entiende que determinadas cuestiones que no son objeto de reserva de ley orgánica “resulta imprescindible la adopción urgente de una norma con rango de ley” para adaptar el derecho español al europeo.

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