Que el Gobierno esté en funciones o que las negociaciones para conformar uno nuevo estén encalladas, a pesar de haber pasado casi cinco meses tras las elecciones, no ha impedido a la oposición forzar el inicio del debate parlamentario y el control del Ejecutivo. Así, tras abrirse la actividad con la comparecencia de varios ministros, como la de Carcedo, la próxima semana será el turno de debatir las primeras iniciativas.
Según la agenda del Congreso de los Diputados, el próximo martes de 10 septiembre se decidirá la toma en consideración o el rechazo al inicio de la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia presentada por el PSOE. Se trata de la segunda vez que esta propuesta socialista se debatirá tras iniciarse su trámite en junio de 2018.
Aunque haya una mayoría parlamentaria que apruebe la tramitación de la ley de eutanasia, esta decaería automáticamente si vuelven a convocarse elecciones
Para ello, los socialistas necesitan obtener una mayoría parlamentaria suficiente para que dé comienzo su gestión en la Cámara Baja. La circunstancia de este hecho recae en que a pesar de que probablemente se consiga dicha suficiencia en escaños, si no se forma Gobierno antes del 23 de septiembre se disolverán las Cortes y automáticamente se convocarán elecciones para el 10 de noviembre.
Esta nueva iniciativa legislativa consta de cinco capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. Y su objeto no es otro que “regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse”.
DEBATE INSTAURADO
El debate sobre la regulación de la eutanasia está ya instaurado tanto en el conjunto de la sociedad como en el ámbito parlamentario. Junto a la propuesta del PSOE, el grupo de Unidas Podemosregistró también hace unos meses su propia Proposición de Ley. Según informó la formación morada, se trata del mismo texto que ya registró en 2017 y que no logró los apoyos suficientes por la abstención socialista.
Por otra parte, durante la pasada legislatura, el grupo socialista llegó a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al considerar que la Mesa del Congreso, por entonces con mayoría de PP y Ciudadanos, estaba bloqueando la tramitación de esta ley a través de un “uso abusivo y fraudulento de la facultad de ampliación de enmiendas”.