El boletín del Congreso recoge este martes la Proposición de Ley registrada por el Partido Popular “relativa a la violencia en el ámbito sanitario”. El objetivo de la propuesta, según recoge el texto, es regular “las medidas mínimas y básicas” dirigidas a “garantizar la seguridad y salud del personal sanitario a su servicio” y con el propósito de “prevenir y evitar el riesgo de sufrir daños por actos de violencia infligido por terceras personas”.
Entre las medidas, destaca la elaboración por cada servicio de salud o empresa de “un Plan de Prevención contra la Violencia en el ámbito sanitario” que cuente con “sustantividad propia”. En este plan se definirán tanto el “compromiso” del empleador a adoptar medidas como el del personal sanitario “de involucrarse”. Igualmente, se hará una “evaluación integral” del riesgo de daños por violencia en cada centro.
Los populares proponen medidas como el desarrollo de sistemas de vigilancia en pasillos, dispositivos de alarma en consultas o incluir en la historia clínica del paciente antecedentes de violencia
Dentro de este Plan de Prevención, el PP plantea en la ley implantar distintas medidas. Por ejemplo, algunas de carácter pasivo o estructural como “sistemas de vigilancia en pasillos, salas de espera y de admisión” o “dispositivos de alarma sonoros en consultas”. También proponen medidas de carácter activo como incluir en la historia clínica del paciente “sus antecedentes como sujeto activo de violencia sanitaria”.
Por otro lado, sugieren medidas reactivas “destinadas a implantarse una vez se ha producido un acto de violencia”. Otras, organizativas como “reducir los tiempos de espera, respetar la ratio establecida por organizaciones internacionales entre profesionales y pacientes, implantar un sistema de organización debidamente protocolizado para pacientes y familiares o evitar situaciones de estrés”. Finalmente, apuestan por medidas “de formación en información” al personal sanitario.
En relación a esta iniciativa, el texto indica que el empleador designará a trabajadores “encargados de velar por el cumplimiento de la ley” y que el nombramiento de Delegados de Prevención “recaerá en miembros del correspondiente órgano de representación unitaria de los trabajadores”.
NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ACTOS VIOLENTOS
A la hora de notificar los actos de violencia que se produzcan en el ámbito sanitario, se propone que la persona que sea víctima del daño “deberá poner los hechos en conocimiento del empleador de forma inmediata y, a más tardar, dentro de las 24 horas siguientes”. Para ello, deberá completar un formulario y presentarlo ante el Servicio de Prevención que “como mínimo” incluya datos del trabajador, del agresor, del incidente y de las medidas de prevención existentes en el lugar de la agresión.
Al mismo tiempo, la ley que presentan los populares se refiere a que el Ministerio de Sanidad “creará un Registro Nacional de actos de violencia en el ámbito sanitario”. En él se deberán inscribir y registrar “todos los actos de violencia que hayan sido notificados por el personal sanitario, así como la identificación de la víctima y del agresor”.
La ley del PP plantea que el personal sanitario que sea víctima de un acto probado de violencia pueda “solicitar el traslado a una plaza o puesto de trabajo en distinto centro de trabajo, servicio o unidad"
Además, hablan de un segurocolectivo que el empleador tendrá suscrito que “garantice al personal víctima de un acto de violencia en el ámbito sanitario la gratuidad de los servicios jurídicos que precise para su defensa y reparación del daño causado, así como el resarcimiento económico de los perjuicios físicos o psíquicos derivados del acto de violencia”.
En las disposiciones adicionales, también encomiendan a los Ministerios de Trabajo y de Sanidad a crear un Observatorio Nacional contra la violencia en el ámbito sanitario. Este organismo elaborará y publicará un informe con los resultados obtenidos del estudio que se haga y, en base a ellos, “formulará cuantas propuestas entienda oportunas”.
MOVILIDAD DEL PERSONAL Y SENSIBILIZACIÓN
Otro de los artículos que recoge la ley es la posibilidad de que el personal sanitario que sea víctima de un acto probado de violencia pueda “solicitar el traslado a una plaza o puesto de trabajo en distinto centro de trabajo o, en su caso, servicio o unidad”. Para ello, el Plan de Prevención “contemplará este derecho y regulará las medidas apropiadas para garantizar su efectividad sin merma retributiva alguna”.
Finalmente, se plantea que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, el Ministerio de Sanidad realice una campaña de sensibilización dirigida a la población general “a fin de aumentar la sensibilización y el respeto al papel del personal sanitario”. Estas campañas se repetirían cada dos años “salvo que los actos probados de violencia en el ámbito sanitario aconsejen campañas a más corto plazo”.