A la hora de realizar un balance de la política sanitaria llevada a cabo durante el 2018, Ciudadanos distingue entre lo que ha realizado su grupo y lo que se ha puesto en marcha a nivel nacional. Sobre el primer punto, Francisco Igea, portavoz de Sanidad de la formación naranja en el Congreso, valora como “un buen año” el que recién acaba ya que se va a aprobar “nuestra primera ley sanitaria”, la de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso final de la vida, o también llamada ‘ley de muerte digna’.
En declaraciones a ConSalud.es, este diputado considera que se trata de “una buena noticia en general para todos los españoles” ya que la norma “garantiza el final de la vida y que la gente no tenga que someterse al sufrimiento innecesario”. Va a poder, por eso, “contar con el apoyo de cuidados paliativos suficientes, información, va a poder utilizar la sedación como derecho, etcétera”. Con respecto al régimen sancionador, el punto en el que más choque existe entre grupos políticos, Ciudadanos propone uno común para todo el país. Por eso, van a llevar “el texto original” a la votación del dictamen de la Comisión sobre esta ley que tendrá lugar la próxima semana en el Congreso.
"Ha sido el año de las tres ministras, lo que ha hecho que se paralice la actividad sanitaria y que se haya reducido a medidas puramente demagógicas”
A pesar de esta medida, que ha tenido un amplio consenso, Igea se siente disgustado con otros aspectos. “Con respecto a la política sanitaria nacional, ha sido el año de las tres ministras. Es difícil juntar un año en España donde hayan coincidido tres ministras, lo que ha hecho que se paralice la actividad sanitaria y que se haya reducido a medidas puramente demagógicas”. Igualmente, ha lamentado que en relación a los profesionales sanitarios “no ha habido grandes reformas”. Se sigue, en este sentido, “con unos niveles de interinidad inaceptables y seguimos sin dar respuesta a largo plazo a esta situación”.
UNIVERSALIDAD Y COPAGOS
Con respecto al RD de sanidad universal, Francisco Igea ha precisado que “no ha acabado su tramitación en el Congreso” y que hasta el momento “ha traído más sensación de inseguridad que incluso en la situación anterior”. Considera en este asunto que “es una manera habitual de este Gobierno de trasladar a las autonomías un problema que no saben resolver, lo que genera inseguridad jurídica”. A su parecer, “el reconocimiento de los derechos tiene que hacerse de una manera reglada y segura”. Y en el caso de la sanidad universal “no se ha hecho así, no se han fijado requisitos, procedimientos, y ha dejado a la gente en situación de mayor inseguridad”.
Por otra parte, se ha felicitado de conseguir “que el Gobierno y Podemos entiendan que el problema del copago es un problema de ingresos familiares y de situaciones de dependencia o de mayor riesgo”. Se trata, según ha defendido Igea, de “una cosa de sentido común pero nos ha costado mucho. Veremos a ver si son capaces de llevarlo a cabo”. Finalmente, ha subrayado que puede acabar siendo un año “de esperanza para la sanidad andaluza, esperamos que sufra un cambio importante. Hay otra manera de gestionar y más centrado en resultados y profesionalidad”.