El Congreso de los Diputados ha dado este jueves ‘luz verde’ a la regulación de un nuevo derecho individual. El derecho a una muerte digna. La Cámara Baja ha apoyado la proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, tal y como avanzó ConSalud.es, tras un año de tramitación parlamentaria donde ha sumado enmiendas de otros partidos en el Congreso y el Senado. Así, esta prestación se incluirá en la cartera de servicios del SNS y será de financiación pública.
A pesar del amplio consenso político, la ley no ha contado con un apoyo unánime. Como ya se conocía, la propuesta ha sido rechazada por PP, Vox, UPN y Foro Asturias. Mientras, el resto de formaciones políticas la han respaldado, logrando un saldo de 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones. Tras la votación, ha habido un durarero aplauso de quienes la han apoyado. Mientras, los diputados de Vox han expuesto carteles con el lema 'La derogaremos'.
La ley cuenta con un amplio apoyo social, como lo demuestran las últimas encuestas del CIS o de Metroscopia; sin embargo, a nivel profesional no hay tal consenso
Con esta aprobación, España se convierte en el sexto país del mundo en regular la eutanasia como nuevo derecho individual. Según la Asociación Derecho a Morir Dignamente, en Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Canadá ya existen leyes que la regulan a nivel estatal. Mientras, en Colombia también se trata de un derecho constitucional, aunque no hay una ley que la regule, por lo que es más difícil que se pueda aplicar.
A nivelsocial, en los últimos años se ha generado un consenso muy amplio en torno a esta ley. Según el barómetro del CIS de enero, el 72,4% de los españoles se muestra a favor de la muerte asistida, por un 15% que está “en desacuerdo” o “totalmente en desacuerdo”. Por su parte, según una encuesta de Metroscopia de abril de 2019, hasta un 87% de los encuestados estaba a favor de que “un enfermo incurable tiene derecho a que los médicos le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor”.
Por su parte, en el ámbitoprofesional tampoco se ha logrado una conformidad total. Aunque casi 800 médicos han firmado a favor de la misma, a través de la plataforma ‘Médicos por la Eutanasia’, y que el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM)apoye su despenalización, hay rechazos muy evidentes. Por ejemplo, desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) entienden que “atenta contra la esencia de la profesión”. O la Organización Médica Colegial (OMC), que han rechazado la creación de un registro de objetores de conciencia.
DEBATE EN EL CONGRESO
Al debate en el pleno del Congreso ha asistido en nombre del Gobierno la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Desde su escaño, ha agradecido a los partidos que han votado a favor y a sus predecesores en el cargo (Salvador Illa y María Luisa Carcedo) “por su intenso trabajo y convicción con la que la han defendido”. A juicio de Darias, a través de esta norma “avanzamos en el reconocimiento de los derechos, hacia una sociedad más humana y justa, más allá de las legítimas diferencias de opinión de las personas”.
Por parte del PSOE, Carcedo ha celebrado que desde ahora “la persona va a decidir con libertad” y se va a dar “una nueva dimensión a la ley de autonomía del paciente”. Asimismo, ha destacado que lo que el acto de hoy supone “coger el testigo de las personas que llevan años clamando la regulación de este nuevo derecho”. Mientras, RosaMedel, de UnidasPodemos, ha defendido que la ley “es totalmente garantista” y que representa “el derecho a vivir hasta cuando uno quiera en la medida de lo posible”.
Darias ha agradecido a Luisa Carcedo y Salvador Illa “por su intenso trabajo y convicción" con la que han defendido la ley; mientras, Vox confirma que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional
También ha destacado el discurso de Josepa Antoni Agirretxea, del PNV, quien ha aplaudido que salga adelante “la consecución de un derecho y no de una obligación”. Además, ha sostenido que “tenemos la obligación de empatizar legislativamente y de no añadir sufrimiento moral y jurídico a quienes ya sufren por otras circunstancias”. Igualmente, Sara Giménez, de Ciudadanos, ha subrayado que se trata de “un día histórico” porque se da “libertad para que las personas puedan decidir cómo quieren vivir”.
Por su parte, José Luis Echániz (PP), se ha opuesto a la misma argumentando que “es un paradigma de cómo no puede legislarse nunca”. A su juicio, “no está diseñada para casos excepcionales” sino que “supone un poderoso efecto llamada a las personas más vulnerables de la sociedad”. En la misma línea, Lourdes Méndez (Vox) ha recordado que su partido presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta ley porque consideran que “la vida no puede estar a disposición de los poderes públicos”.
¿QUÉ REGULARÁ LA LEY?
Según el texto consensuado, se propone legislar “para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables”.
La norma introduce también la despenalización de esta práctica, por parte de los profesionales sanitarios, y un registro de objetores de conciencia
Para ello, el paciente deberá ser mayor de edad, llevar más de un año en España y “ser capaz y consciente” en el momento de la solicitud. Estas personas tendrán, además, por escrito información sobre las “diferentes alternativas y posibilidades de actuación”, incluida la del acceso a cuidados paliativos integrales. Igualmente, la persona debe “haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria” sin que sea el resultado de ninguna presión externa.
Para cada petición, se creará una Comisión de Garantía y Evaluación, órganos que tratarán de “verificar de forma previa y controlar a posteriori el respeto a la Ley y los procedimientos que establece” en cada una de las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla. La composición de las mismas “tendrá carácter multidisciplinar” y deberá contar con un mínimo de siete miembros, con personal médico, de enfermería y juristas entre ellos.
Entre otros asuntos, también se añade que “la prestación de la ayuda para morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el domicilio, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabados por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria o por el lugar donde se realiza”.
La ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE; mientras, al día siguiente de publicarse sí que debe crearse la Comisión de Garantía y Evaluación
En el ámbito profesional, se introduce la despenalización de esta práctica modificando el artículo 143 del Código Penal y se subraya que aquellos sanitarios que estén directamente implicados en la prestación de ayuda para morir “podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia”. Para ello, se creará un “registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia” que deberá someterse “al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal”.
TRES MESES TRAS SU PUBLICACIÓN EN EL BOE
Según reza el texto, la ley entrará en vigor “a los tresmeses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)”. Sin embargo, sí que entrará en vigor al día siguiente el artículo 17 de la ley, relativo a la creación de la Comisión de Garantía y Evaluación.
Por otra parte, se establece que el Consejo Interterritorial del SNS elaborará “en el plazo de tres meses” desde que la ley entre en vigor “un manual de buenas prácticas que sirva para orientar la correcta puesta en práctica de esta Ley” y con el objetivo de “asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación”.