Son ya varios los dirigentes socialistas y del Gobierno que han expresado su oposición a la regulación de la gestación subrogada y que, por lo tanto, inciden en que continúe siendo ilegal como lo es actualmente. A las voces de Carmen Calvo y María Luisa Carcedo, responsables de Igualdad y Sanidad en el Gobierno de Pedro Sánchez, se suma la de Ángeles Álvarez, portavoz de Igualdad del PSOE.
Durante la Comisión de Igualdad celebrada en el Congreso de los Diputados, Álvarez ha defendido que “el Ministerio de Sanidad no puede ni debe ser ajeno al hecho de que el cuerpo de las mujeres y sus capacidades reproductoras no puede ser objeto de comercio”. De esta manera, ha reivindicado la posición contraria del Gobierno “a la comercialización del cuerpo y al negocio de intermediación que se enriquece a costa de la explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres”.
Álvarez: "Quienes recurren a la contratación de mujeres con fines reproductivos huyen del ordenamiento jurídico español que declara radicalmente nulo esos contratos"
Por otra parte, ha acusado a Ciudadanos de realizar una “interpretación tramposa” de las declaraciones de María Luisa Carcedo. Así ha insistido en la reclamación de la ministra de desarrollar “una legislación internacional que prohíba la mercantilización de la maternidad”. Además, Álvarez ha rechazado la propuesta de la formación naranja por pretender regular mediante contrato “la capacidad reproductiva del cuerpo de las mujeres” y ha rechazado su “neoliberalismo salvaje”.
EN BASE AL ORDENAMIENTO JURÍDICO
Desde el PSOE inciden en que “quienes recurren a la contratación de mujeres con fines reproductivos huyen del ordenamiento jurídico español que declara radicalmente nulo esos contratos”. En este sentido, ha recalcado que es “responsabilidad del Estado intervenir para garantizar los derechos y libertades individuales reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales de derechos humanos”.
Durante el debate parlamentario, Ángeles Álvarez también ha reprochado a Ciudadanos por “utilizar a los menores poniéndoles de parapeto para tratar de dar legalidad a una práctica prohibida en España”, haciendo según la diputada “un uso espurio del interés superior del menor”. Como conclusión ha expresado: “No existe el derecho a un niño. Niños y niñas tienen derecho a una familia. Pero una familia tiene límites legales y no puede recurrir a cualquier método para tener un hijo”.