El Congreso de los Diputados ha debatido este martes la toma en consideración de la Proposición de Ley relativa a la violencia en el ámbito sanitario. Esta iniciativa, impulsada por el PP, tiene como objetivo desarrollar un “marco regulatorio específico” para proteger a los profesionales sanitarios de cualquier tipo de agresión en el ámbito de su profesión. Sin embargo, ha sido rechazada finalmente con 187 votos en contra, 155 a favor y una abstención.
En su defensa, la portavoz de Sanidad del PP, Elvira Velasco, ha subrayado que la pretensión de esta propuesta legislativa es “regular las medidas mínimas básicas a implantar por el empleador para garantizar la seguridad y salud del profesional para evitar que sufra riesgos motivados por otras personas”. A su juicio, las acciones que se están llevando a cabo actualmente “no son suficientes”.
La iniciativa del PP plantea calificar como accidente laboral estos actos violentos, elaborar un Plan de prevención y desarollar un Registro Nacional de actos de violencia
Así, ha mencionado los últimos datos de agresiones publicados por el Ministerio de Sanidad en el ‘Informe de agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud’ en el que se notifica un aumento de estos sucesos con respecto a años anteriores. En concreto, en 2021 se registraron 10.170 actos de agresión en el ámbito asistencial, con una tasa de 15,71 notificaciones por cada 1.000 profesionales del SNS.
En la iniciativa, los populares plantean calificar como accidentelaboral estos actos violentos y también desarrollar otras medidas como la creación de un Registro Nacional de actos de violencia, la elaboración de un Plan de Prevención en el ámbito sanitario, el nombramiento de delegados de prevención, la suscripción de un seguro colectivo o el impulso de un Observatorio Nacional contra la Violencia.
APOYO DE PP, VOX Y FORO ASTURIAS
Junto al Partido Popular, tan solo ha habido tres grupos que han afirmado que votarán a favor de la toma en consideración de la iniciativa. Por parte de Vox, Juan Luis Steegman ha instado al PP a cambiar el nombre para que especifique que es relativa “a la violencia contra el personal sanitario”. Mientras, ha denunciado que “clama al cielo” que la bancada de la izquierda vaya a votar en contra. En su lugar, ha planteado darle apoyo “e introducir enmiendas” durante su tramitación.
Díaz (Cs) cree que la propuesta del PP está “llena de buenas intenciones” pero que es “bastante inconcreta”; desde el PSOE, Ana Prieto, reprocha la "poca prisa" del PP en llevarla a pleno
De igual modo, GuillermoDíaz, de Ciudadanos, ha avanzado su apoyo al mismo tiempo que ha criticado que está “llena de buenas intenciones” pero que es “bastante inconcreta”. Durante su intervención, este diputado ha culpado tanto al PP como al PSOE de la “falta de medios en sanidad”, lamentando que “cesan a quienes lo hacen bien y vetan a quienes lo proponemos”. Mientras, Isidro Martínez Oblanca, de ForoAsturias, ha defendido que es “imprescindible y urgente” dar un “nuevo impulso legislativo” frente a las agresiones.
RECHAZO DEL RESTO
El resto de grupos que han intervenido han censurado las agresiones a sanitarios pero han dudado de que la iniciativa del PP vaya a servir para reducirlas. Ana Prieto, del PSOE, ha criticado a los populares la “poca prisa” y el “poco interés” por la materia al llevar a pleno una iniciativa “registrada hace 9 meses”. Igualmente, ha reprochado a la diputada popular que “no pueden subir y obviar la situación que dejaron los recortes ni callar ante el desmantelamiento de la sanidad pública”.
Unidas Podemos y ERC cargan contra el enfoque punitivo del texto; el PNV cree que "no supone ninguna garantía efectiva de protección adicional"; y PDeCAT reprocha la "invasión competencial"
En su lugar, los socialistas han mencionado las acciones del Ministerio de Sanidad impulsadas para frenar las agresiones: la aplicación alertcops, impulsada por la Policía y la Guardia Civil; la instrucción de Interior de medidas policiales específicas; la figura del interlocutor policial sanitario; el grupo de trabajo técnico creado junto a las comunidades autónomas; la próxima jornada del 12 de marzo; o la reciente campaña divulgativa para profesionales y la sociedad en general.
En el caso de Unidas Podemos, RosaMedel ha rechazado que la norma propuesta “lo que hace es castigar la agresión después de hecha y no está enfocada a prevenirla”. Después de exponer que “parece que el texto lo ha redactado una empresa de alarmas”, desde el grupo confederal han pedido “aumentar los profesionales y la inversión en sanidad”. En esta línea, Xavier Eritja (ERC) ha apuntado que su grupo “no cree que la vertiente más punitiva sea la manera más adecuada de atajar el problema”, al tiempo que ha defendido que “el SNS no necesita más seguridad sino más recursos”.
También ha anunciado su voto en contra Josune Gorospe (PNV) porque “no supone ninguna garantía efectiva de protección adicional” a las existentes en el marco regulatorio actual. Mientras, Concep Cañadell (PDeCAT) ha rechazado que el texto “invade el marco competencial” vigente, defendiendo que la Generalitat de Cataluña es la que regula la prevención de riesgos laborales. Finalmente, Iñaki Ruiz de Pinedo (EH Bildu) ha instado a resolver el problema “desde la perspectiva del deterioro de la atención sanitaria”.