El grupo de trabajo de Sanidad y Salud Pública, dentro de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, ha debatido este miércoles las enmiendas que los grupos parlamentarios han presentado al borrador de PSOE y Unidas Podemos que fue aprobado la semana pasada y que incluía propuestas para reforzar el Sistema Nacional de Salud. De las 326 enmiendas presentadas, se han incluido más de 80 propuestas. Además, el dictamen final ha sido aprobado con 165 votos a favor, 27 en contra y 89 abstenciones (entre ellas, la del PP).
Una de las primeras en ser aprobada ha sido una de Teruel Existe en la que se modifica la iniciativa de impulsar un nuevo pacto social en pro de la sanidad pública, añadiéndose que este acuerdo debe “tener la forma de pacto de estado”. En la misma línea se subraya que el Ministerio de Sanidad “tiene que salir reforzado, aportando valor y sin quitar competencias a las CC.AA.”. Otra enmienda en la misma línea ha sido defendida por el PP y aprobada por la mayoría.
Luz verde a la propuesta del PP para que se elabore un mapa tecnológico de necesidades y se ponga en marcha un Plan de Renovación de Tecnología Sanitaria
Además, el diputado Tomás Guitarte ha logrado que en el punto relativo a la Atención Primaria se agregue que cuente con “todos los medios humanos y materiales necesarios para hacer sostenible el SNS”. Mientras, se ha apoyado una enmienda de Coalición Canaria que indica que el Fondo de Cohesión “tendrá en cuenta las especiales características de la comunidad autónoma de Canarias, en relación con su lejanía, insularidad y doble insularidad”.
Por parte de ERC, han sido aprobadas tres iniciativas. En una, se propone que en lo que respecta al desarrollo de la Ley General de Salud Pública se incluya el impulso de “un diálogo bio ético sobre los límites en el uso de la tecnología” con el fin de proteger el derecho a la privacidad de los datos. Además, otra medida validada es la promoción de una “redistribución equilibrada de los recursos financieros estatales y/o europeos transferidos a las CC.AA. para armonizar la inversión sanitaria por habitante y reducir los desequilibrios”.
PROPUESTAS DE PP Y C’S
Más de 100 enmiendas ha presentado el Partido Popular, de las cuáles han sido respaldadas más de 30, muchas de ellas de modificación. Destacan, por ejemplo, la promoción de la “transparencia del sistema a través de indicadores sanitarios”; o la puesta en marcha de un plan de recursos humanos y una política integral con la estabilidad del empleo como prioridad.
Apoyo a las enmiendas de Ciudadanos para aprobar una nueva Estrategia de Salud Mental o la culminación de la transferencia de la sanidad penitenciaria
Con respecto a la política farmacéutica, los populares han logrado añadir una enmienda que propone establecer “líneas de colaboración con la industria farmacéutica de medicamentos genéricos y la de biosimilares”. Además, suman que se establezca una “Reserva Estratégica de Productos Sanitarios Críticos”, que se elabore un mapa tecnológico de necesidades y se ponga en marcha un Plan de Renovación de Tecnología Sanitaria.
Por parte de Ciudadanos, las medidas que finalmente han recibido apoyo han sido el impulso de un nuevo Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos, que tenga en cuenta la incidencia de la Covid-19; la aprobación de una nueva Estrategia Nacional de Salud Mental y un Plan Estratégico de Prevención del Suicidio: y la culminación del proceso de transferencia de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las CC.AA.
PNV: FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE LAS CC.AA.
Desde el Partido Nacionalista Vasco, han añadido una medida para abordar con las CC.AA. “un proceso real, serio y riguroso de la transformación de la salud, sistemas y modelo, con la mirada puesta en la salud del futuro en sentido holístico y para un horizonte de 20 años”. También logran que se añada una propuesta para “adoptar medidas para mejorar la respuesta dada desde organismos internacionales (OMS, ECDC…) en futuras crisis sanitarias”. Mientras, en materia de financiación resaltan que cualquier propuesta para su incremento “deberán canalizarse a través de los correspondientes mecanismos de financiación autonómica”.