Los próximos meses van a ser claves para conocer cuál va a ser el texto final de la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, también llamada Ley de muerte digna. Tras aprobarse en el pleno del Congreso de los Diputados, la propuesta de Ciudadanos que fue enmendada en varios términos por varios partidos, entró en el Senado el pasado 4 de enero para iniciar su tramitación.
Tras ello, representantes de la Cámara Alta han dado a conocer ya los siguientes pasos que va a seguir esta proposición de ley. Así, de entrada ya se ha remitido dicha propuesta normativa a la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Allí, los senadores sanitarios debatirán sobre el texto que ya ha sido pulido en el Congreso, pudiendo realizar sus correspondientes aportaciones.
El 12 de febrero es plazo máximo para que los grupos en el Senado puedan presentar enmiendas y propuesta de veto a la proposición de ley de muerte digna
Para ello, se ha fijado el martes 12 de febrero como día ‘tope’ para que las distintas formaciones presenten enmiendas y propuestas de veto a la norma. De la misma manera, desde el Senado han establecido también el 1 de abril como “fecha límite” de tramitación en la Cámara Alta.
Cabe recordar que si el texto sufre modificaciones en el Senado, deberá viajar de nuevo al Congreso de los Diputados para ser respaldado. Por otra parte, la propuesta normativa indica que una vez esté consensuado y aprobado el texto final de dicha ley, ésta entrará en vigor en España “en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.
EL RÉGIMEN SANCIONADOR, LO MÁS POLÉMICO
Tanto en la Comisión de Sanidad como en el pleno del Congreso, el punto de la propuesta que ha despertado más debate es el relativo al título IV sobre las infracciones y sanciones. Ciudadanos pretendía fijar un régimen sancionador común en el Estado, pero finalmente ha obtenido mayoría la iniciativa de PSOE, Unidos Podemos y partidos nacionalistas, que proponían que “las infracciones quedarán “sometidas al régimen sancionador previsto en la normativa autonómica pertinente”.