Este martes se cumple el ultimátum de 48 horas que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dio al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, para que firmara el “acuerdo de no disponibilidad” que afecte a los gastos que no estén vinculados con los servicios públicos fundamentales con el objetivo de controlar que ninguna partida económica se destine a la organización  del referéndum previsto para el 1 de octubre. Y, en el caso de no hacerlo, será Montoro quien adopte la decisión.

Asimismo, en la orden ministerial que se publicó este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se comunicaba que el Estado se encargaría de “abonar directamente” los pagos de los servicios públicos fundamentales, como los relativos a las nóminas de los empleados públicos, la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales.

La Generalitat ha anunciado que en la mañana de este lunes va a presentar un recurso contra estas medidas aprobadas por el Gobierno en el Consejo de Ministros

Para esta última medida, el Gobierno español había solicitado a la Generalitat que certificase, a través de la interventora general, “todos los gastos que tiene pendientes” en materia de servicios públicos así como la totalidad de los importes que se destinan  a pagarlos.

De esta manera, y a falta de que en las últimas 24 horas el Ejecutivo catalán se pronuncie al respecto, a partir de este martes será el Ministerio de Hacienda quien asumirá los pagos directos de las nóminas de los empleados de la sanidad pública o de las facturas que la Consejería mantiene con los proveedores sanitarios.

LA GENERALITAT RECURRIRÁ

Aunque no ha habido un pronunciamiento de los medios oficiales de la Generalitat, en la mañana de este lunes se ha pronunciado el secretario de Economía, Pere Aragonés, en declaraciones realizadas a TV3. La previsión del Ejecutivo catalán es presentar durante este lunes un recurso contra las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros. Asimismo, tal y como ha declarado Aragonés, la Generalitat se plantea incluso acudir “a instancias europeas” en el caso de que no le acepten el recurso.