El acuerdo que han alcanzado el Gobierno y Unidos Podemos para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2019 incluye una serie de iniciativas sanitarias. Entre ellas, la supresión del copago farmacéutico para algunos de los colectivos más vulnerables. Esta decisión supone, según la Asociación de Economía de la Salud (AES), dar “un paso en la buena dirección”.
Sin embargo, la presidenta de AES, Laura Vallejo Torres, considera que esta iniciativa puede representar “un buen momento para plantearse una revisión del copago”. En declaraciones a ConSalud.es, Vallejo considera que “no necesariamente se tiene que volver a la situación anterior al Real Decreto-ley 16/2012” ya que en ese momento también “había inequidades” y no se daba “la situación más favorable ni más equitativa”.
"La población inmigrante en situación irregular usa muchos menos recursos que la población activa, aunque tengamos el imaginario colectivo de que vienen aquí para aprovecharse de nuestros recursos sanitarios"
En este sentido, esta experta en economía de la salud cree que es “el momento de plantearse otro sistema de copago”. Por ejemplo, que se valoren modelos “para evitar el uso innecesario de medicamentos” con un método de copago “que vaya aumentando por tramos de renta, pero que haya techos de gasto para todos los colectivos, incluidos las personas activas”.
“BIENVENIDA” A LOS PGE
En relación al resto de propuestas sanitarias que Gobierno y Unidos Podemos han pactado para los PGE de 2019, Laura Vallejo ha defendido que “en líneas generales” estas son “bastante bienvenidas por parte de la AES”. Asimismo, ha incidido a este medio que son medidas “que van en la dirección de muchas de las demandas de la sociedad” y que “no necesariamente tienen que suponer un coste adicional”.
Entre estas iniciativas, destacan la ampliación del derecho a la asistencia sanitaria universal. Sobre ella, Vallejo cree que “va por la dirección correcta”. Ha destacado que, según los estudios realizados hasta ahora, “el colectivo de población inmigrante en situación irregular usa muchos menos recursos que la población activa, por mucho que tengamos ese imaginario colectivo de que vienen aquí para aprovecharse de nuestros recursos sanitarios”.
En este sentido, ha puntualizado que retirarles la tarjeta sanitaria “pudo ocasionar costes más elevados”. Por ello, ha justificado que “recibir a la población mediante atención primaria y especializada, y no necesariamente por urgencia u hospitales, nos va a favorecer en la contención del gasto”. Entiende de esta manera que “son servicios más económicos” por ser gestionados con la tarjeta sanitaria y que “es mejor que estas personas estén atendidas” por suponer un beneficio para la “salud pública”.
Vallejo no cree que las medidas sanitarias van a poner en peligro el SNS, aunque ha sugerido que estas estén acompañadas de criterios "que permitan racionalizar el gasto de forma eficiente"
Por su parte, ha recibido de buen agrado el incremento del 6,7% en el presupuesto de ciencia e I+D+i, con un impacto de 273 millones de euros. Cree que “hay que hablar de inversión y no de gasto” porque es uno de los aspectos en los que “se invierte dinero para obtener una rentabilidad”. Por ello, al tener España “una de las inversiones más bajas”, Laura Vallejo entiende que “este aumento va en una línea correcta”.
GARANTIZAR LA EFICIENCIA
Finalmente, la presidenta de la AES ha despejado la posibilidad de que el acuerdo de PGE suponga un riesgo para el Sistema Nacional de Salud (SNS). A pesar de que insiste en que “la sostenibilidad siempre va a preocupar”, ha destacado que no lo va a hacer “por la imposición de estas medidas, sino porque estas no vayan encaminadas realmente a garantizar esta sostenibilidad”.
Por ello, ha reclamado que las iniciativas vayan “acompañadas de otros criterios que permitan racionalizar el gasto de forma eficiente”. Por ejemplo, ha defendido “una evaluación para decidir qué es lo que debe entrar y lo que no en la cartera de servicios, en base a criterios de coste-efectividad”.