El objetivo del Gobierno central es controlar los pagos que realiza la Generalitat para que no se destine dinero público "a nada ilegal", refiriéndose al referéndum del 1-O
En este sentido, desde el Gobierno van a solicitar un requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que en 48 horas desde la publicación de esta medida comunique a Hacienda un acuerdo de no disponibilidad sobre el pago de estos servicios, principalmente en lo relativo a las nóminas de los empleados públicos, la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales. Según ha indicado Montoro, si Puigdemont no adopta este acuerdo sería el propio ministro de Hacienda quien lo adopte en su sustitución. El Gobierno pone en marcha, según Cristóbal Montoro, un “mecanismo de control de pagos novedoso” con el fin de “garantizar los servicios públicos de los catalanes”. El principal objetivo del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy es de realizar un control de los pagos que realiza la Generalitat para que no se destine dinero público “a nada ilegal”, en clara referencia al referéndum del 1-O.
PAGO A PROVEEDORES SANITARIOS
Asimismo, el ministro de Hacienda ha comunicado que Cataluña deberá comunicar todos los créditos que tiene pendiente. Una vez conocidos, será el Estado quien pagará directamente a los terceros con los que la Generalitat tenga acuerdos. Esto es, por ejemplo, el pago a los proveedores sanitarios.
Montoro ha aclarado que, a pesar de esta medida, seguirá siendo la Generalitat de Cataluña "quien decida qué dinero va a Sanidad, Educación o Servicios Sociales"
Sobre esta cuestión, Montoro ha aclarado que “todo el mundo va a cobrar en plazo”, al tiempo que ha criticado la actitud que está tomando el gobierno de Puigdemont: “Está en juego la consecución de la estabilidad presupuestaria. No podemos confiar en autoridades que dicen que cumplirá con los objetivos pero lo harán a su aire. No es admisible, no es legitimo ni viable”.A pesar de esta medida, el titular de Hacienda ha querido aclarar que “no afecta al ejercicio de las competencias”. Así, ha apuntado que seguirá siendo la Generalitat de Cataluña “quien decida qué dinero va a Sanidad, Educación o Servicios Sociales”. Esta medida días después de que Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, anunciara que no informará semanalmente a Hacienda de los gastos que realiza esta comunidad autónoma con el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).